Riesgos de una alta rotación de los generales.

El sorpresivo remezón anunciado ayer en los comandos de varias divisiones, brigadas y otras instancias del Ejército colombiano, fue explicado por la institución castrense como una serie de cambios dirigidos a atender las “necesidades operacionales y estratégicas, y en respuesta a los cambios inherentes al desarrollo profesional y la carrera militar del personal de oficiales generale

Inicialmente, no se confirmó si como producto de estos relevos algunos generales podrían ser llamados a calificar servicios por cuenta de los ascensos de altos oficiales de menor antigüedad. Sin embargo, por más que esta clase de ajustes puedan ser considerados circunstancias normales dentro de la Fuerza Pública, lo ocurrido ayer revivió debates en varios sectores políticos y de altos mandos retirados.

Por un lado, es innegable que este Gobierno ya marcó un récord en materia de generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, así como de almirantes de la Armada que han salido del servicio activo en apenas tres años. Para algunos expertos tal cantidad de cambios en la cúpula de la Fuerza Pública ha implicado una peligrosa pérdida de experticia y efectividad operacional. El ciclo de preparación de un general es muy complejo y largo, razón por la cual esa trayectoria debe ser aprovechada lo más posible y, por lo tanto, no es lógico acelerar los ascensos de altos oficiales más jóvenes.

Por otra parte, desde muchas instancias se ha estado urgiendo al Ejecutivo que en lugar de apostar por una rotación tan alta en los mandos castrenses y policiales, mejor aplique primero un timonazo en la estrategia de seguridad nacional y orden público con el objetivo de contener el pico de violencia en no pocas regiones en donde la ciudadanía se encuentra victimizada por el creciente accionar de los grupos armados ilegales y el boom de las economías ilícitas, especialmente del narcotráfico, minería criminal, contrabando, extorsión, tala de madera y otros delitos de alto impacto.

about:blank

Este no es un debate menor y prueba de ello es la discusión alrededor de los alcances del proyecto que presentó el ministerio del ramo días atrás al Congreso con miras a modernizar la Ley de Defensa Nacional, especialmente en lo relativo a articular las capacidades del Estado, sector privado y ciudadanía en la protección de la soberanía, los derechos humanos y la gobernanza. Varios expertos han señalado que la futura norma no fue lo suficientemente socializada y hay algunos aspectos que requieren un análisis más profundo sobre su efectividad y cumplimientos de los objetiv