El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, decretó alza histórica del salario mínimo para 2026.-

El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, anunció el 29 de diciembre de 2025 un incremento del 23,7 % en el salario mínimo vital en Colombia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La medida fija el ingreso mensual en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte,

busca fortalecer el poder adquisitivo de más de 2,4 millones de trabajadores en el país.

El aumento, considerado uno de los más altos en la historia reciente, se decretó tras el fracaso de las negociaciones entre centrales obreras y empresarios en la mesa de concertación. Mientras los sindicatos celebran la decisión como una conquista social, los gremios empresariales advierten que podría generar presiones sobre el empleo y la inflación, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno defendió la medida bajo el concepto de salario vital, inspirado en lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Petro, el ajuste responde al encarecimiento del costo de vida y busca garantizar condiciones más dignas para los trabajadores formales. Sin embargo, críticos señalan que el incremento podría traducirse en mayores cargas para los empleadores y un impacto negativo en la competitividad.

En términos prácticos, quienes adquieran el nuevo salario mínimo deberán seguir aportando a salud y pensión, de acuerdo con la legislación vigente. Esto significa que, aunque el ingreso bruto aumente, los descuentos obligatorios mantendrán un peso significativo en el bolsillo de los trabajadores.

El debate sobre el salario mínimo refleja la tensión histórica entre justicia social y sostenibilidad económica. Mientras sectores progresistas lo ven como un paso hacia la equidad, los empresarios insisten en que el país necesita políticas que equilibren la protección laboral con el estímulo a la inversión y la generación de empleo.

English version

Petro decrees historic minimum wage increase for 2026

On December 29, 2025, President Gustavo Petro announced a 23.7% increase in Colombia’s vital minimum wage, effective January 1, 2026. The measure sets monthly income at 2,000,000 pesos, including transportation allowance, and aims to strengthen the purchasing power of more than 2.4 million workers.

The hike, one of the largest in recent history, was decreed after failed negotiations between labor unions and business leaders. While unions celebrate the decision as a social achievement, employers warn it could pressure employment and inflation, particularly harming small and medium-sized companies.

The government defended the measure under the concept of a living wage, inspired by guidelines from the International Labour Organization (ILO). According to Petro, the adjustment responds to rising living costs and seeks to ensure more dignified conditions for formal workers. Critics, however, argue that the increase may translate into heavier burdens for employers and a negative impact on competitiveness.

In practice, those earning the new minimum wage must continue contributing to health and pension systems, as required by law. This means that although gross income rises, mandatory deductions will still weigh significantly on workers’ take-home pay.

The debate over the minimum wage highlights the historic tension between social justice and economic sustainability. Progressive sectors see it as a step toward equity, while business groups insist the country needs policies that balance labor protection with investment and job creation