Delegación de Córdoba, encabezada por el alcalde, protestó en el palacio de justicia de Bogotá.

El alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, acompañado por los miembros del comité promotor de la consulta popular minera en el municipio, protestó este jueves frente al palacio de justicia de Bogotá, con el fin de exigir el derecho a la realización del mecanismo de participación ciudadana.

“Estamos acompañando el plantón nacional en pro de las consultas populares y los mecanismos de participación ciudadana. Vinimos con una delegación que está muy comprometida con este tema”, dijo el mandatario.

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Aseguró que el municipio cordillerano es un referente para muchos otros por todas las acciones legales que ha interpuesto en la batalla de la realización de la consulta, por lo que espera que con estas actuaciones puedan beneficiarse otras localidades, tanto del Quindío, como de otros departamentos.

“Nosotros estamos pendientes de que el Consejo de Estado falle en segunda instancia la tutela que se interpuso ante el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, en el que exigen al ministerio de Hacienda y a la Registraduría llevar a cabo la consulta. Este resultado puede servir de referencia a otros municipios”.

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Valencia Henao explicó que si bien todas las acciones que han realizado tienen como fin la realización de la jornada electoral en su territorio, también buscan que otros como Salento y Calarcá puedan hacerlo.

“Estamos dando la batalla, no solo por Córdoba, sino por el derecho de todas las localidades que tienen títulos mineros, para definir el uso del suelo dentro su territorio”.

Audiencia

La manifestación se presentó en medio de la audiencia realizada en la Corte Constitucional en la que debatió una parte del futuro de las actividades extractivas en el país como la minería y el petróleo.

La diligencia se dio 10 meses después de que una consulta popular realizada en Cumaral, Meta, frenó la actividad que venía ejerciendo la empresa Mansarovar para explotar petróleo en ese territorio, la cual fue objeto de tutela por la entidad.

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Tras la acción legal interpuesta por la multinacional, el alto tribunal busca aclarar hasta qué punto un ente territorial y un mecanismo de participación pueden imponerse para impedir estas actividades minero-energéticas.

En Colombia, 92 municipios han hecho las jornadas electorales, cuyos resultados son la manifestación en contra de estas actividades, considerando que las mismas afectan el medio ambiente o sus derechos fundamentales.

Tomado de la Crònica del Quindìo