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La Violencia Intrafamiliar Persiste en Colombia: Un Flagelo que Trasciende las Campañas de Prevención.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

A pesar de los esfuerzos institucionales y las múltiples iniciativas de sensibilización implementadas por las autoridades competentes, la violencia intrafamiliar continúa escalando en Colombia como uno de los problemas más críticos que enfrenta la sociedad contemporánea. Los registros oficiales más recientes revelan que, lejos de disminuir, los casos de maltrato, abuso y agresión dentro del núcleo familiar mantienen una tendencia al alza que desafía las estrategias preventivas diseñadas para contrarrestar este fenómeno delictivo. Esta realidad obliga a reflexionar sobre la efectividad de las políticas públicas y la necesidad de replanteamientos profundos en el abordaje de esta problemática social.

El confinamiento obligatorio impuesto durante la pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de comportamientos violentos al interior de los hogares, intensificando situaciones de estrés, hacinamiento y conflictividad que ya existían en muchas familias colombianas. Durante ese período crítico, las denuncias y reportes de maltrato doméstico experimentaron incrementos significativos, fenómeno que, contrario a lo esperado tras el levantamiento de restricciones, no ha mostrado reversión sustancial. La convivencia forzada evidenció vulnerabilidades estructurales en la dinámica familiar y expuso la fragilidad de mecanismos de protección que resultaron insuficientes ante la magnitud de la crisis.

A pesar de que las autoridades adelantan campañas permanentes de concientización y promoción de denuncias, la prevención de la violencia intrafamiliar enfrenta obstáculos considerables relacionados con factores culturales, económicos y psicosociales profundamente arraigados. La cifra negra de casos no reportados sigue siendo alarmante, pues muchas víctimas permanecen en silencio por miedo, dependencia económica, vergüenza o falta de confianza en las instituciones. Las medidas preventivas, aunque necesarias, no logran penetrar la complejidad de patrones de comportamiento transgeneracional que perpetúan ciclos de agresión dentro de las familias.

Los datos oficiales demuestran que este delito afecta desproporcionadamente a mujeres, menores de edad y adultos mayores, grupos poblacionales que enfrentan mayores vulnerabilidades. La denuncia de violencia doméstica requiere no solo valor de la víctima, sino también acceso a servicios de atención especializados, protección efectiva y garantías de no revictimización. Las instituciones competentes se encuentran frecuentemente saturadas, lo que genera demoras en la atención y reduce la confianza de los afectados en el sistema de justicia.

Es imperativo que la sociedad colombiana reconozca que las campañas comunicativas, aunque valiosas, constituyen apenas una parte de la solución. Se requiere una transformación integral que incluya fortalecimiento institucional, educación desde la infancia en resolución pacífica de conflictos, acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como políticas económicas que reduzcan la vulnerabilidad de las familias. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado sino un problema de seguridad pública que demanda respuestas multisectoriales y sostenidas en el tiempo.