

Por:Luis García Quiroga2022-10-12630


En el caso del largo letargo del pleito jurídico del Deportivo Pereira, llegamos al punto de quiebre. La historia sigue.
Este lío, se parece a la idea del escritor Macedonio Fernández, quien quería que el lector escribiera el final de sus novelas. Y el final del proceso apenas inicia con el auto del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira a cargo de la jueza Olga Cristina García.
Con el auto, Álvaro López y sus abogados, entre ellos Mario Arboleda, ganaron el primer tiempo. En el proceso de liquidación del “Grande Matecaña”, iremos al alargue.
Recordemos que, desde el 24 de julio de 2014 es liquidador el contador público Omar Candamil quien, en medio de una tormenta de críticas, pone y quita. Dicen que más de lo segundo.
Álvaro López había comprado un problema que se venía cocinando desde la nefasta presidencia de Ramón Ríos Bernal, quien vendió el equipo a López. Años atrás, Ríos ya le había entregado el alma al diablo como director de Coldeportes, y al intervenir la Fiscalía, puso pies en polvorosa.
Quienes tenemos memoria y amor por esta ciudad, no olvidamos que fue Ríos Bernal quien hizo la maroma que despojó al Municipio de Pereira de la propiedad de la ficha del Pereira en la Dimayor.
Por tal razón, en los remanentes de la liquidación, de los cuales la jueza hizo caso omiso al no mencionarlos en el auto, y al adjudicarlos -al parecer en forma irregular a los acreedores- que sin tener derechos sobre los remanentes que se estiman en más de $11 mil millones, les estaría pagando un mayor valor al reconocido en la providencia de graduación y calificación de créditos.
Sobre estos remanentes, bien pudiera el Municipio de Pereira ejercer el derecho preferente que otorgan los estatutos de CorPereira, que delegan en la juez (por estar en liquidación), la adjudición a una entidad similar, en este caso, Cordep o la Secretaría de Deportes del Municipio.
El caso es que la jueza García, mediante auto reconoce a los acreedores, entre ellos, con el 56.61% a favor de Álvaro López (convirtiéndolo en el mayor accionista) y el resto, a los demás acreedores, sobre la base de que, para pagar acreencias, el Pereira tiene activos por $32.100 millones de los intangibles y bienes muebles; más $1.200 millones en efectivo para un total de $33.300 millones.
Se anota que las acreencias a pagar “indexadas” son de $22.044 millones, por lo que existe un remanente de $11.256 millones (33.8%).
Supimos que varios acreedores como grupo minoritario se constituyen en un colectivo y acaban de pedir reconocimiento a la jueza García, con el fin de tener un puesto en la Junta.
Como estamos utilizando la analogía del cine para contar la historia del proceso jurídico en el que está atrapado el equipo emblemático de la ciudad, espere la segunda parte en la que personas con formación jurídica asumen que la jueza Olga Cristina García pudo cometer algunos errores que entrabarían aún más este berenjenal jurídico.



