La caótica gestión de la agenda gubernamental en 2025

Fue el año en que las formas diplomáticas se rompieron con nuestro principal aliado, el gabinete ministerial se convirtió en un escenario de pugnas televisadas y la relación entre los poderes del Estado alcanzó un punto de fricción que muchos analistas consideran irreversible.

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Pie de foto 1: Trump-Petro: El presidente Donald Trump señaló que no ha considerado hablar con Petro porque según Trump: “Ha sido muy hostil con los Estados Unidos. No he pensado mucho en él, la verdad, y va a tener grandes problemas si no espabila”.

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Lunes 29 de Diciembre de 2025.-

Redacción Política

El año 2025 no fue un periodo cualquiera para la administración de Gustavo Petro. Fue el año en que la política exterior colombiana colisionó frontalmente con las dos potencias más influyentes de su agenda tradicional, mientras que, puertas adentro, el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño se convertían en escenarios de un «reality show» político marcado por la inestabilidad ministerial y fracturas éticas expuestas ante las cámaras.

El choque de trenes: Petro vs. Trump

La relación entre Bogotá y Washington, históricamente el eje de la estabilidad regional, entró en una fase de «glaciación» diplomática apenas iniciado el año. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 detonó una crisis que escaló a niveles sin precedentes en menos de una semana. El rechazo del mandatario colombiano a dos aviones de deportados enviados por la nueva administración republicana fue el primer síntoma de una enfermedad que terminaría siendo crónica.

La retórica no dio tregua. Mientras Petro calificaba las cárceles de migrantes en EE. UU. como «campos de concentración«, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, respondía con la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas en septiembre.

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El punto de quiebre definitivo ocurrió tras la Asamblea General de la ONU, cuando Petro, megáfono en mano en una calle de Nueva York, instó a las tropas a «desobedecer la orden de Trump». La respuesta de Washington fue quirúrgica y demoledora: la revocatoria de la visa del presidente y su inclusión en la Lista Clinton (OFAC), junto a su esposa Verónica Alcocer y su ministro del Interior Armando Benedetti.

Hacia el final del año, las advertencias de Trump tomaron un tinte personal y amenazante: «Mejor que se espabile, o será el siguiente«, declaró el mandatario estadounidense apenas días antes de Navidad, dejando la relación bilateral en un estado de incertidumbre total de cara al 2026.

Israel: ruptura total y eco de guerra

Simultáneamente, el frente con Oriente Medio ardía con la misma intensidad. Lo que comenzó como una tensión discursiva terminó en la ruptura diplomática más profunda de la región en décadas. La interceptación israelí de la “Flotilla Global Sumud” y la detención de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fue el detonante para que Petro ordenara la expulsión de toda la delegación israelí de suelo colombiano.

Petro no se limitó a las formas diplomáticas, atacó el corazón comercial de la relación al prohibir la exportación de carbón y denunciar el TLC con Israel. Las comparaciones de las acciones en Gaza con la Alemania nazi y la petición de captura contra Benjamin Netanyahu ante la Corte Penal Internacional sellaron un divorcio que Israel respondió con acusaciones de «antisemitismo» y apoyo al terrorismo.

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Sesión extraordinaria del Senado debatió decreto de Emergencia Económica

El «reality» de los martes

Buscando una supuesta transparencia radical inspirada en modelos vistos en Cuba, el presidente Petro decidió que los Consejos de Ministros debían ser transmitidos en vivo. Lo que comenzó el 4 de febrero de 2025 como un ejercicio de «acceso público» se transformó rápidamente en la vitrina de las fracturas internas del «cambio».

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Los colombianos fueron testigos de momentos de alta tensión dramática. La entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, visiblemente conmovida, se negó a sentarse en la mesa con Armando Benedetti, quien regresaba al gobierno como jefe de despacho tras los escándalos de la campaña 2022. «Como mujer no me puedo sentar en esta mesa… con dignidad y transparencia tenemos que mantener la integridad de este proyecto», sentenció Muhamad en una intervención que dejó mudo al país.

Francia Márquez, vicepresidenta y entonces ministra de Igualdad, no se quedó atrás. En una confrontación directa con el presidente, cuestionó la llegada de Benedetti y el poder de Laura Sarabia. «Sé que tiene muchos errores, pero esta gente que tiene aquí lo ha acompañado de corazón», le espetó a Petro, poniendo en duda la ética de su círculo más cercano.

El laberinto de la ineficiencia

La transparencia televisada también desnudó cifras preocupantes. El propio mandatario admitió un rezago del 74,8 % en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, con 146 metas aún en el limbo. La ausencia constante de ministros como el de Educación, Daniel Rojas —de quien Petro dijo que «casi nunca me acompaña»—, subrayó la falta de cohesión de un equipo que parecía trabajar en compartimentos estancos.

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Esta inestabilidad se reflejó en la cifra récord de cambios ministeriales: 60 funcionarios en tres años y medio de administración. Tan solo en 2025, se registraron 15 cambios en propiedad. Carteras clave como Defensa vieron la salida de Iván Velásquez para dar paso a Pedro Sánchez, mientras que la Cancillería y el Ministerio de Energía sufrieron rotaciones traumáticas en momentos de crisis internacional y tarifaria.

Mientras ministerios como Trabajo y Salud han mantenido una relativa calma con solo dos jefes en todo el periodo, el resto del gabinete parece estar en una rotación constante que analistas atribuyen a la dificultad del mandatario para delegar y mantener coaliciones sólidas.

En cuanto a las mociones de censura han sido citados nueve ministros de este Gobierno. El más reciente de los asistentes a este tipo de escenarios fue el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien en su última aparición quedó pendiente de la votación según se evidencia en el sitio web de la Cámara de Representantes. A pesar de citarlo el pasado 10 de diciembre, pocos fueron los congresistas que escucharon al jefe de esta cartera en relación a sus explicaciones sobre el aumento de homicidios y secuestros, los posibles casos de falsos positivos y el incremento de menores muertos en operaciones militares.

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Otro de los que asistió este año fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que en dos oportunidades fue criticado debido al desabastecimiento de medicamentos y a cuestionamientos sobre el financiamiento y la gestión del sistema de salud. Los congresistas lo han responsabilizado de algunas fallas en la política pública que generaron dificultades para garantizar la entrega oportuna de medicamentos a pacientes y también criticaron presuntas deficiencias en la asignación de recursos al sector salud. 

Cabe destacar que uno de los ministros de este gobierno que ha salido bien librado del Legislativo fue el jefe de Minas y Energía, Andrés Camacho, cuando fue hundida con 18 votos a favor y 106 en contra. El debate se adelantó en la Cámara, y varios congresistas expresaron que la actividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha sido constante. En consecuencia, los procesos para enfrentar problemas y desafíos en materia de garantía de recursos energéticos sufrieron impactos negativos, argumentaron algunos congresistas.

El año cerró con un revés jurídico significativo. El Consejo de Estado, en un fallo de tutela en octubre, ordenó frenar las transmisiones permanentes de los consejos de ministros y alocuciones presidenciales. El alto tribunal consideró que el uso «inadecuado y desproporcionado» de estos espacios vulneraba el derecho a la información y el pluralismo informativo de los ciudadanos, quienes se veían obligados a consumir contenido que la justicia tildó de falto de justificación.

El control del Micay

En medio de este caos administrativo, el gobierno intentó mostrar resultados en seguridad con la toma del cañón del Micay, una zona dominada por » un ejército privado del narcotráfico», en palabras del propio presidente, quien insistió en que los gobiernos anteriores no habían querido transformar estas economías ilícitas por falta de interés, justificando la intervención militar como una necesidad de soberanía frente al flujo de coca hacia Buenaventura.

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El fracaso de las reformas

El 2025 dejó un balance negativo para la agenda de reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República. Pese al discurso reiterado sobre la urgencia de transformaciones estructurales en sectores clave, la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo terminaron archivadas, evidenciando una profunda desconexión entre el Gobierno Nacional y el Congreso.

El Gobierno quiso consolidar proyectos que consideraba fundamentales para establecer su proyecto político. Sin embargo, el escenario resultó totalmente diferente. La ausencia de mayorías sólidas, la inestabilidad de las alianzas y la creciente desconfianza con los partidos de oposición como el Centro Democrático, Cambio Radical, El Partido Verde, entre otros, dificultaron la construcción de consensos. Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno optó por una estrategia de confrontación en donde el uso excesivo de la plataforma X, terminó debilitando aún más sus posibilidades de éxito de sus reformas.

Las constantes tensiones que se presentaban entre el Gobierno y el Congreso marcaron el ritmo de los debates. En lugar de acuerdos duraderos, predominó un ambiente de choque político que derivó en escasos resultados normativos y en un creciente desgaste institucional. Aunque algunas reformas lograron avanzar, ninguna estuvo exenta de polémicas ni de cuestionamientos sobre su trámite.

La Reforma Laboral es un ejemplo claro de este panorama. Tras varios intentos fallidos que generaron abierto malestar en el Gobierno, el presidente Petro llegó incluso a proponer una consulta popular para que fuera “el pueblo” quien decidiera su futuro. La iniciativa provocó marchas y movilizaciones en todo el país, tanto a favor como en contra. Finalmente, el Senado accedió a debatir nuevamente el proyecto y terminó aprobándolo, aunque en medio de un proceso altamente polarizado que dejó dudas sobre la solidez del consenso alcanzado.

Proyectos importantes para el Gobierno terminaron hundiéndose. La Reforma a la Salud y la Reforma Tributaria se cayeron en los últimos días del año, dejando en evidencia la fragilidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La Reforma a la Salud, radicada en septiembre, no consiguió los votos necesarios en la Comisión Séptima del Senado. Su inviabilidad fue señalada no solo por los senadores que la rechazaron, también por múltiples actores del sector salud como EPS, clínicas, hospitales y empresas farmacéuticas, que advirtieron que la propuesta podía agravar los problemas de un sistema ya debilitado.

La Reforma Tributaria, clave para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, tampoco corrió con suerte. El proyecto contemplaba nuevos impuestos a los juegos de azar, las bebidas alcohólicas, el tabaco, entre otros sectores. Aunque fue presentado con fuerza por el Gobierno el pasado noviembre, terminó siendo archivada por la Comisión Cuarta del Senado. La decisión desencadenó una fuerte discusión en los últimos días en diferentes canales de comunicación entre el presidente y el Congreso, que llevó al Ejecutivo a decretar la Emergencia Económica, una medida que evidentemente ha generado amplio rechazo en distintos gremios e impulso sesiones extraordinarias en el Congreso en medio del receso legislativo.

Otra iniciativa que estuvo en el debate público fue la Reforma Pensional. Aunque fue aprobada en 2024 con el argumento de modernizar el sistema de pensiones, actualmente se encuentra suspendida por decisión de la Corte Constitucional, que estudia cerca de cien demandas de inconstitucionalidad. Su futuro es incierto y se espera que las discusiones se retomen en enero de 2026, después de la vacancia judicial, en medio de fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y conveniencia. La relación con el Congreso se caracterizó por la falta de diálogo conciliador, la ruptura de conexiones políticas y una apuesta recurrente por la presión pública y la confrontación. Los intentos de recomponer mayorías mediante acuerdos puntuales resultaron insuficientes y, en algunos casos, generaron críticas por supuestas concesiones políticas sin resultados concretos.

El balance final del año es el de un Gobierno al que sus constantes diferencias con diversos sectores políticos debilitaron su plan de trabajo, dejando una agenda reformista seriamente golpeada. Esto ha puesto en evidencia que las diferencias que hay entre ambos poderes de la política está demasiado lejos de poder tan siquiera solucionar, también profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones y aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para impulsar cambios estructurales de fondo que eran necesarios y que fueron parte de sus promesas de campaña, pero que bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, no se han podido cumplir.

Epílogo de un año convulso

Colombia termina el 2025 con su presidente sin visa para entrar a Estados Unidos, incluido en una lista de vigilancia financiera internacional y con la oposición interna fortalecida por el propio «show» televisivo del gobierno. El mandatario, aferrado a su estrategia de consulta popular para evitar que el Congreso «le tape la boca al pueblo», parece estar jugando su última carta antes de que el calendario electoral del 2026 empiece a marcar el ritmo definitivo de la nación.

El país, mientras tanto, observa con una mezcla de fatiga y asombro cómo la diplomacia y el gobierno central se han convertido en un terreno de confrontación donde el megáfono y la cámara de televisión parecen haber reemplazado a la técnica y el consenso.