Corte Suprema Decide Hoy Capturas por Escándalo de Corrupción en la UNGRD: Seis Congresistas en la Mira

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Corte decide capturas en caso UNGRD - El Diario

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional


La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomará este miércoles 4 de marzo de 2026 una decisión crucial sobre la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien el pasado 13 de febrero solicitó formalmente llamar a juicio a seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El fallo llega en un momento políticamente sensible: a tan solo cuatro días de las elecciones al Congreso de la República, lo que podría generar un impacto sin precedentes en el panorama político nacional.

Entre los legisladores investigados figura el representante por Risaralda, Juan Pablo Gallo Maya, cuya situación judicial podría alterar significativamente el escenario electoral en esa región del país. Los demás congresistas vinculados al proceso son Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, todos señalados en el marco del mismo caso de corrupción en la gestión pública que sacudió al país en los últimos meses.

El escándalo de la UNGRD ha sido uno de los casos de corrupción más resonantes de la reciente historia política colombiana, al involucrar presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales, afectando directamente a las poblaciones más vulnerables del territorio nacional. La ponencia del magistrado Rodríguez representa el resultado de una investigación exhaustiva que apunta a establecer responsabilidades penales directas sobre los legisladores señalados.

De concretarse las medidas judiciales solicitadas en la ponencia, el impacto político sería inmediato y de gran alcance. Analistas coinciden en que una decisión de esta naturaleza, a pocos días de los comicios, podría «revocar» el mapa político en varias regiones del país, al dejar fuera de la contienda electoral a figuras que aún aspiran a continuar o renovar su presencia en el Legislativo colombiano.

Colombia enfrenta así una encrucijada donde el poder judicial y el proceso democrático convergen en un mismo punto crítico. La ciudadanía aguarda con atención la decisión de la Corte Suprema de Justicia, consciente de que el resultado no solo definirá el futuro legal de seis congresistas, sino que también enviará un mensaje contundente sobre los límites de la impunidad en el ejercicio de la función pública en el país.


English version


Supreme Court Rules Today on Arrests in the UNGRD Corruption Scandal: Six Lawmakers Under Scrutiny

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education


Colombia’s Supreme Court’s Instruction Chamber is set to rule this Wednesday, March 4, 2026, on a key report submitted by Justice Misael Rodríguez, who on February 13th formally requested that six members of Congress be brought to trial in connection with the corruption scandal involving the National Disaster Risk Management Unit (UNGRD). The decision comes at a politically charged moment — just four days before national congressional elections — raising the possibility of an unprecedented shake-up across the country’s political landscape.

Among the lawmakers under investigation is Juan Pablo Gallo Maya, a representative from the Risaralda region, whose legal situation could significantly alter the electoral dynamics in that part of the country. The other legislators named in the case are Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, and Juan Diego Muñoz, all implicated in the same public corruption case that has rattled Colombian institutions in recent months.

The UNGRD scandal stands as one of the most high-profile corruption cases in recent Colombian political history, involving alleged irregularities in the management of funds intended for disaster relief and emergency response — resources that directly affect the country’s most vulnerable communities. Justice Rodríguez’s report is the result of an extensive investigation aimed at establishing direct criminal responsibility among the accused legislators.

Should the court move forward with the measures outlined in the report, the political fallout would be swift and far-reaching. Analysts agree that a ruling of this magnitude, so close to election day, could effectively «redraw the political map» in several regions, potentially removing key figures from the race who were still competing for seats in the Colombian Congress.

Colombia now finds itself at a crossroads where judicial authority and the democratic process collide at a critical juncture. Citizens across the nation are watching closely, aware that the Supreme Court’s decision will not only determine the legal fate of six lawmakers, but will also send a powerful message about the boundaries of impunity in public office in the country.