CONSTRUIR UN NUEVO PLAN FRONTERA PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD.-

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Martes, 19 de Enero de 2026.-

Los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela constituyen el área limítrofe más estratégica de nuestro país, con una alta interacción poblacional, económica y social.

Sin embargo, no se ha podido desarrollar toda esa capacidad debido a que los sucesivos gobiernos, de lado y lado, si bien lanzaron infinidad de planes y políticas públicas de corto, mediano y largo plazos para favorecer la integración permanente, muchas se quedaron a medio camino.

El principal cuello de botella han sido las dificultades para coordinar de forma efectiva y funcional una estrategia bilateral de seguridad y orden público, que combata los fenómenos de criminalidad que evolucionaron en las últimas décadas del inveterado contrabando de víveres y mercancías, afincándose luego en el comercio ilegal de combustibles y pasando después a enfocarse en otras economías ilícitas de mayor escala, como el narcotráfico y la minería criminal.

Hoy priman organizaciones mafiosas binacionales en los departamentos y estados de la zona, que manejan el tráfico de cocaína, comercio ilegal de oro y otros metales, contrabando abierto o técnico, extorsión, sicariato, prostitución, mercado negro de divisas, despojo de tierras, trata de personas, lavado de activos…

Ese fortalecimiento de las estructuras delincuenciales tuvo su ‘caldo de cultivo’ en la connivencia durante los últimos 26 años del régimen chavista con la insurgencia colombiana. Una relación non sancta que inició como una especie de ‘empatía’ entre presuntos movimientos ‘revolucionarios’, pero que rápidamente desembocó en una complicidad criminal abierta, con el refugio público a cabecillas y frentes subversivos que hicieron del territorio venezolano su retaguardia estratégica y hasta se convirtieron en ‘armas’ de la dictadura para reprimir la oposición interna.

Ahora que el gobierno Trump capturó a Nicolás Maduro y lo puso a órdenes de la justicia estadounidense, al tiempo que está implementando un régimen de transición en Venezuela que, por el momento, involucra al resto de la cúpula chavista, pero en el corto plazo abarcaría a la oposición y daría paso a un regreso a la democracia, Colombia debería sentar las bases de un nuevo Plan Frontera integral y eficaz. Es claro que la Casa Blanca no permitirá la más mínima complicidad del gobierno de Delcy Rodríguez con unas guerrillas a las que Washington considera no solo socias del Cartel de los soles en el narcotráfico, sino que están en su lista de organizaciones terroristas trasnacionales.

Ese Plan debe ser integral y enfocado en el desarrollo socioeconómico de la zona fronteriza. Y, por primera vez, tras más de un cuarto de siglo, sin la sombra ni el riesgo de una alianza criminal entre dictadura y guerrilla