Coca-Cola ha sido blanco de controversia en Colombia tras la concesión de agua otorgada a su filial INDEGA S.A.S. en La Calera, Cundinamarca. El debate se intensificó luego de que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, solicitara una revisión rigurosa de la prórroga solicitada por la empresa. La polémica gira en torno al uso de cemento sobre manantiales y la posible afectación a fuentes hídricas clave para la región.
La compañía respondió asegurando que las estructuras de mampostería utilizadas cumplen con las especificaciones técnicas autorizadas por las autoridades ambientales, y que su propósito es proteger los nacimientos de agua. Además, enfatizó que solo capta el caudal autorizado, en línea con las regulaciones vigentes. Esta defensa busca calmar las preocupaciones ciudadanas sobre el impacto ambiental de sus operaciones.
El Ministerio de Ambiente ha exigido transparencia en el proceso, incluyendo una mesa técnica y una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR. Se espera que se presenten estudios técnicos y jurídicos que respalden la decisión, así como una explicación sobre cómo se incorporaron las observaciones de la audiencia pública. La solicitud refleja el creciente interés de la ciudadanía en ejercer veeduría sobre el manejo de recursos naturales.
Coca-Cola, por su parte, reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, mencionando acciones de monitoreo, eficiencia hídrica y restauración ambiental en colaboración con comunidades locales. La empresa sostiene que sus operaciones no interfieren con el abastecimiento de agua de Bogotá, que depende exclusivamente del sistema de acueducto público.
Este caso pone en evidencia la tensión entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, especialmente en zonas de alta sensibilidad hídrica. La resolución del conflicto será clave para definir el futuro de las concesiones privadas en territorios estratégicos para el ecosistema colombiano.
English version
Coca-Cola faces backlash over water concession in La Calera
Coca-Cola has come under fire in Colombia following a water concession granted to its subsidiary INDEGA S.A.S. in La Calera, Cundinamarca. The controversy escalated after Environment Minister Irene Vélez called for a thorough review of the company’s extension request. The debate centers on the use of cement over natural springs and the potential impact on vital water sources in the region.
The company responded by stating that the masonry structures used comply with technical specifications authorized by environmental authorities and are intended to protect the water sources. Coca-Cola also emphasized that it only captures the authorized flow, in accordance with current regulations. This defense aims to ease public concerns about the environmental impact of its operations.
The Ministry of Environment has demanded transparency in the process, including a technical roundtable and an urgent extraordinary session of the CAR’s Board of Directors. Authorities are expected to present technical and legal studies supporting the decision, along with explanations on how public hearing feedback was incorporated. This reflects growing public interest in overseeing the management of natural resources.
Coca-Cola reaffirmed its commitment to sustainability, citing monitoring efforts, water efficiency, and environmental restoration in partnership with local communities. The company insists its operations do not interfere with Bogotá’s water supply, which relies solely on the public aqueduct system.
This case highlights the tension between industrial development and environmental conservation, especially in areas with sensitive water ecosystems. The outcome will be crucial in shaping the future of private concessions in Colombia’s strategic ecological zones.



