CAIDA DEL MINISTRO DE HACIENDA.

/Presidencia

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Jueves, 5 de Diciembre de 2024

La renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitada ayer por el presidente Gustavo Petro desde Uruguay, se produce en el peor momento de la aguda crisis fiscal colombiana y cuando estaba por verse el alcance del proyecto de “ley de financiamiento”, luego de los recortes monetarios acordados por el dimitente funcionario con los ponentes, aún por informar ante la opinión pública, si es que todavía es viable la discusión parlamentaria al respecto.

No sostuvo, pues, más el primer mandatario a su mano derecha en materia económica, como lo venía respaldando indeclinablemente en los últimos días, semanas e incluso meses, tras conocerse las declaraciones de la asistente del ministro ante la Fiscalía que lo comprometerían, entre otros, en los episodios que la Corte Suprema de Justicia ha denominado “un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa”, en particular en relación con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Es precisamente en esa célula congresional donde el máximo tribunal de la justicia ordinaria indaga si se negociaron, nada más ni nada menos, que los avales crediticios de la nación colombiana a cambio de multimillonarias coimas y sobornos en las contrataciones de obra e interventoría, sin licitación, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Así como en otras entidades al estilo del Invías y el Fondo de Adaptación, según también lo han añadido, al parecer, algunos de los implicados en el complot que se investiga y que también habría tenido de objeto “aceitar” la agenda gubernamental en el Legislativo.

Se trata de un documento de 78 páginas, preparado por la Corte, en el que se consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, frente al caso de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, dejarían entrever que, además de los congresistas señalados, también tenían conocimiento del entramado otros ministros al lado de Bonilla, entre ellos el del Interior hace un año, Luis Fernando Velasco, además de secretarios de máximo nivel y consejeros de la Casa de Nariño. Es lo que el confeso Olmedo López, exdirector de la Ungrd, denominó “el cónclave” en sus declaraciones a la justicia. Y que, en una especie de dominó, cada día cobra nuevos protagonistas en el ‘toma y dame’ que se sufre al interior del gobierno frente a los crecientes llamados de las autoridades judiciales.      

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Al mismo tiempo, la renuncia de Bonilla se dio ayer justo en el momento en que la opinión pública se enteró de que el alto funcionario había dado traslado a los organismos jurisdiccionales competentes de supuestos favorecimientos en la dirección de Ecopetrol, en este caso a favor de Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama, por intereses en negocios de la central hidroeléctrica de Urrá, añadiendo un nuevo episodio al ya caldeado ambiente por las multifacéticas denuncias de corrupción. Fue al menos diciente que se pidiera la dimisión del ministro al filo de esta información. Posteriormente, en un largo trino, el primer mandatario defendió la gestión de quien no solo lo había acompañado durante algo más del último año y medio en uno de los cargos cruciales del gabinete, al que accedió tras la intempestiva salida de José Antonio Ocampo, sino quien asimismo fue su secretario de Hacienda cuando fungió de alcalde de Bogotá. En el trino el primer mandatario aludió, entre otras circunstancias, a la deuda externa “mal habida” y se vino lanza en ristre contra la banca internacional y las agencias multilaterales mientras, de otra parte, el gobierno pide elasticidad de la Regla Fiscal para conseguir un mayor cupo de endeudamiento.      

Con Bonilla ya son varios los funcionarios de alto nivel que, a su solicitud, han dejado los cargos al lado del presidente Petro por cuenta del estremecimiento nacional suscitado a raíz de las investigaciones en la Ungrd. “El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones”, dijo el saliente ministro. Añadió que no compró votos, ni entregó cupos indicativos a los congresistas sobre los que indaga la Corte. Y sostuvo que se apartó del cargo para asumir autónomamente y con dedicación su defensa jurídica.

De inmediato el primer mandatario nombró en la cartera de Hacienda a quien hacía las veces de viceministro, Diego Guevara. Será este el encargado de firmar el inédito decreto del presupuesto general de la Nación para 2025, una vez el Congreso dejó de lado su trámite por considerarlo desfinanciado y sin que, a pocos días de terminarse el año, se sepa la suerte de la decisiva disposición. De hecho, el gobierno se ha visto abocado a un recorte del presupuesto de 2024 en la suma de 28,4 billones de pesos por el deterioro del recaudo tributario a cuenta del estancamiento económico del país; apretón que no pocos expertos consideran insuficiente y que, asimismo, señala la ruta crítica hacia el año entrante.