Bandazos con los Peajes.

*Gobierno, forzado a descongelar tarifas

*Oídos sordos a múltiples advertencias

“Lo que mal comienza, mal acaba”. Ese es uno de los refranes más conocidos y esta semana se trajo a colación luego de que el Ministerio de Transporte anunciara que estudia descongelar las tarifas de más de 143 estaciones de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Como se recuerda, en enero pasado, el Gobierno decidió no reajustar las tarifas durante este año, aludiendo que, si estas se incrementaban acorde con la alta inflación de 2022, que cerró en 13,12%, el impacto para el transporte de pasajeros y carga sería muy fuerte, obligando a aumentar el valor de los fletes, pasajes, canasta de insumos del sector y, al final, todo ello aceleraría la asfixiante espiral del costo de vida.

Desde el primer momento no pocos expertos advirtieron que por más loable que fuera la medida, adolecía de un soporte técnico sobre el costo de la congelación de tarifas para el presupuesto público. Aunque se reguló por decreto que los recursos que no se recaudaran serían suplidos con dineros del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, no quedó claro cómo se afectaría la viabilidad del mismo y menos aún, en qué forma se solventarían las millonarias erogaciones a mediano plazo, sobre todo teniendo un déficit fiscal creciente y con una previsible desaceleración económica. Derivar esa responsabilidad en que el Ministerio de Hacienda asignaría los dineros conforme a la disponibilidad presupuestal y lo que señalaría el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Transporte, fue calificado de gaseoso.

También se alertó que el Gobierno no presentó los análisis sobre el impacto contractual que tendría el no reajustar las tarifas de 30 peajes del Invías y 113 de la ANI. De hecho, se advirtió del riesgo de una oleada de demandas a la Nación por afectar la seguridad jurídica del modelo de concesiones viales, tal y como por poner en peligro los escenarios de equilibrio financiero y viabilidad de negocio de las Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de infraestructura de carreteras en Colombia.

Solo meses después vendrían los primeros estudios. Fedesarrollo, por ejemplo, señaló en abril que la medida podría costar al erario alrededor de un billón de pesos en el primer año, pero, a largo plazo, ascendería a 13,8 billones. En junio fue la Procuraduría la que advirtió de una inminente lluvia de demandas a la Nación, señalando, además, que muchos proyectos de infraestructura de transporte vial podrían ponerse en riesgo.

Este último campanazo es muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que, según el referido estudio de Fedesarrollo, las APP han impulsado una inversión récord en infraestructura de transporte, permitiendo la construcción de cerca de 10.000 kilómetros de vías primarias. Destacó, además, que el modelo de concesiones ofrece ventajas sobre el modelo público al permitir una asignación eficiente de riesgos, disminuyendo los sobrecostos y retrasos, así como reduciendo la presión presupuestaria. Puntualizó que, precisamente por ello, Colombia se convirtió en un referente internacional en la implementación de este tipo de alianzas entre el sector oficial y el privado.

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Lo cierto es que entrando ya al octavo mes del año, y después de que en la ley de adición presupuestal aprobada por el Congreso en junio fuera necesario destinar 500.000 millones de pesos para sufragar el costo de la congelación de las tarifas, esta semana el Ministerio de Transporte anunció que empezaría a visualizar cuándo debe reajustarse el valor de los peajes, lo que sin duda tendrá un duro impacto en el transporte de carga y pasajeros (al que el Gobierno también le mantiene congelado el precio del diésel mientras reajusta sustancialmente el de la gasolina). Ello provocará un coletazo en la inflación, que baja, pero a muy lento ritmo, y tiene, además, este segundo semestre el eje de presión derivado del fenómeno del Niño.

Aunque no se fijó una fecha en específico, se estima que la descongelación será antes de diciembre. Tampoco se ha dicho nada sobre el porcentaje del alza o si el mismo se ataría a la inflación causada en 2022 o la esperada para 2023. Lo que sí parece claro es que en medio de las afugias fiscales, el Gobierno no puede seguir sufragando este millonario valor y existen otras prioridades de gasto. Además, acorde con las alarmas de Fedesarrollo y la Procuraduría, parece que se entendió que hay flancos de impacto que no se calcularon bien, tal como se le advirtió en enero pasado.

Finalmente, termina comprobándose que fue muy improvisada la decisión de no reajustar las tarifas de peajes. Como se dijo, lo que mal comienza…