Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

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El Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, ha generado una profunda inconformidad entre los propietarios de vehículos matriculados en el departamento, luego de que la campaña de descuento en el pago del impuesto vehicular terminara en un rotundo fracaso administrativo. La situación se presentó cuando la plataforma oficial habilitada para el pago fue víctima de un hackeo, obligando a las autoridades a advertir a los ciudadanos que se abstuvieran de realizar cualquier transacción a través de ella, dejando sin efecto el beneficio tributario ofrecido.

Lo que en principio era una estrategia de la administración departamental de Risaralda para incentivar el pago anticipado y oportuno de impuestos vehiculares, y así garantizar un recaudo significativo de recursos públicos, se convirtió en una crisis de confianza institucional. El descuento tributario, pensado para motivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales antes del vencimiento del plazo ordinario, quedó invalidado precisamente en el momento en que miles de ciudadanos intentaban acceder al sistema para aprovecharlo.

La negligencia en la gestión de la seguridad informática de la plataforma de pagos es el elemento que más preocupa a los contribuyentes y analistas del sector público. Lejos de ofrecer una solución ágil y eficiente ante el incidente, la respuesta de la Gobernación de Risaralda fue considerada insuficiente y tardía, agravando la percepción ciudadana de una administración que no estaba preparada para garantizar la seguridad de los canales digitales que ella misma promovió como alternativa de pago.

El impuesto de vehículos en Risaralda representa una fuente importante de ingresos para el departamento, destinada a financiar obras de infraestructura, movilidad y servicios públicos. La frustración de la campaña no solo afecta las finanzas departamentales al reducir el recaudo anticipado esperado, sino que también pone en entredicho la capacidad de la actual administración para ejecutar estrategias de modernización tributaria con los estándares mínimos de seguridad y eficiencia que los ciudadanos merecen.

Ante este panorama, la exigencia ciudadana es clara: lo mínimo que debe hacer el Gobernador Juan Diego Patiño Ochoa es ampliar el plazo para el pago del impuesto vehicular con descuento, de manera que los contribuyentes que hoy ven agotada su oportunidad por causas ajenas a su voluntad puedan acceder al beneficio en condiciones reales y seguras. La responsabilidad del fracaso recae sobre la administración, y es ella quien debe asumir las consecuencias ofreciendo soluciones concretas, no excusas.

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English version

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Risaralda: Chaos in Vehicle Tax Payments Following Platform Hack and Administrative Negligence

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the National Ministry of Education

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Risaralda Governor Juan Diego Patiño Ochoa has sparked widespread frustration among vehicle owners registered in the department, after a campaign offering discounts on vehicle tax payments ended in a complete administrative failure. The crisis unfolded when the official payment platform was hacked, prompting authorities to warn citizens to refrain from making any transactions through it — effectively canceling the tax benefit that had been publicly promoted.

What was initially a strategy by the Risaralda departmental administration to encourage early and timely vehicle tax payments — and secure a significant advance in public revenue collection — turned into an institutional trust crisis. The tax discount, designed to motivate taxpayers to meet their fiscal obligations ahead of the standard deadline, was rendered void at the very moment thousands of citizens were attempting to use the system to take advantage of it.

The failure to ensure the cybersecurity of the payment platform is the aspect that most concerns taxpayers and public sector analysts. Rather than providing a swift and effective response to the incident, the Risaralda Governor’s Office was widely seen as slow and inadequate in its reaction, deepening public perception of an administration that was unprepared to secure the very digital channels it had promoted as the primary payment option.

Vehicle taxes in Risaralda represent a key source of departmental revenue, funding infrastructure, mobility, and public services. The campaign’s failure not only reduces the anticipated early revenue collection but also calls into question the current administration’s ability to implement tax modernization strategies with the minimum standards of security and efficiency that citizens deserve.

Given this situation, the public demand is clear: the least Governor Juan Diego Patiño Ochoa can do is extend the deadline for discounted vehicle tax payments, so that taxpayers who missed the opportunity through no fault of their own can still access the benefit under safe and fair conditions. The responsibility for this failure lies with the administration, and it must respond with concrete solutions — not excuses.