PorWeb M@
OCT 8, 2022
Martín Ricardo Manjarrez y Yonn Jairo García, fueron llevados ante los estrados judiciales porque, durante 2013, 2014 y el primer semestre de 2015, valiéndose de amistades cercanas a funcionarios públicos, obtuvieron de “manera fraudulenta” contratos con entidades del Estado. Esa es la tesis que maneja la Fiscalía en este caso, en el que además reveló que ambos fungían como representantes legales de la empresa M&M Group S.A, apoderados de Susuki Motor de Colombia y distribuidores autorizados para Colombia de Renault Trucks.
En medio de la diligencia en la que se les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, salieron a relucir nombres como el de los generales retirados Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa, así como también el del exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Lo que dijo la Fiscalía este viernes es que Manjarres y García les ofrecían a las empresas Toyonorte S.A., Blindex S.A., Armor de Colombia S.A., y Blinsecurity Ltda la creación de uniones temporales para presentar propuestas con algunas entidades del Estado, y para ello, les decían que podían estructurar todo el proyecto, incluyendo los aspectos técnicos y financieros, además de la intermediación, pues, supuestamente ya contaban con la información privada de la entidad pública antes de la publicación de las licitaciones o invitaciones a ofertar. Algo que es completamente ilegal.
Obtener esa información, a juicio de la Fiscalía, tenía un protocolo que llevaban a cabo Manjarrez y García. “Ofrecían y entregaban dineros a algunos funcionarios para el patrocinio de actividades relacionadas con agasajos y despedidas de oficiales. Arreglaban entrega de regalos como pinturas, anchetas, botellas de whisky, agendas y calendarios. Además, les ofrecían entradas para conciertos de Silvestre Dangond, así como dinero en efectivo a cambio de obtener ayuda de parte de los funcionarios encargados de estructurar las condiciones contractuales y las fichas con las especificaciones técnicas para cumplir con la necesidad de cada entidad.
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• “Desde el año 2017, cuando se presentó la avalancha, quedaron unas víctimas y damnificados que aún esperan respuestas a sus necesidades que este gobierno está comprometido a atender”, señaló Lilia Solano.• “El desafío de este gobierno es encontrar la manera de poder cerrar la brecha gigantesca entre un puñadito de personas que tuvo acceso a todo y el resto del país que sigue, especialmente el rostro social, esperando a que lleguen las transformaciones”, precisó la funcionaria.Bogotá, 17 de mayo de 2023.El Gobierno del Cambio trabaja para atender las necesidades de las víctimas de la avalancha que ocurrió en Mocoa, capital del Putumayo, en el año 2017, y cuyos compromisos fueron incumplidos por gobiernos anteriores, aseguró este miércoles la Viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano.
“Desde el 2017, cuando se presentó la avalancha, quedaron unas víctimas y damnificados que aún esperan respuestas a sus necesidades”, señaló la funcionaria en declaraciones al Informativo Colombia Hoy Radio, tras recordar que se presentaron “una serie de incumplimientos” que están siendo atendidos por el Gobierno del Cambio.
“Es que aquí heredamos estos conflictos porque este es un país con un rostro social muy postergado. Y el desafío de este gobierno es encontrar la manera de poder cerrar la brecha gigantesca entre un puñadito de personas que tuvo acceso a todo y el resto del país que sigue, especialmente el rostro social, esperando a que lleguen las transformaciones”, añadió.
La funcionaria recordó que, desesperados por la falta de atención que por años han venido padeciendo los damnificados de la tragedia de Mocoa, éstos han acudido a las vías de hecho para que sean atendidos y que el Gobierno de Gustavo Petro trabaja para darles una solución integral y definitiva a sus demandas.
La Viceministra Solano precisó que, con el propósito de llevar una respuesta integral a las víctimas de la tragedia –ocurrida entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril de 2017–, las entidades involucradas visitarán la próxima semana la capital del Putumayo.
“Estamos trabajando y tenemos que alcanzar la posibilidad de hacer que las entidades vayan en su conjunto a responder. La solución a los problemas de los damnificados no será inmediata, pero en este Gobierno estamos obligados y comprometidos a alcanzarla”, puntualizó.
La avalancha, provocada por fuertes lluvias que provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como las quebradas La Taruca dejó 1.400 víctimas mortales, 400 heridos, un número oficial de 200 desaparecidos y más de 15.500 damnificados.
