Alto riesgo electoral se extiende a casi todos los departamentos, a días de las votaciones

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Ya son 290 los municipios en los que hay un grado de riesgo «extremo y alto» de vulneración de sus derechos de cara a las presidenciales del 29 de mayo.

Más de la mitad de municipios vigilados por la Defensoría del Pueblo tendrían riesgo para elecciones.

Durante una visita al departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que de los 521 municipios a los que les hace monitoreo permanente, 290 tienen “riesgo extremo y alto” de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año.

Al desglosar el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004, el funcionario dijo que se constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.

Camargo expresó su preocupación porque a pesar de los esfuerzos por parte del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero, las acciones violentas del Eln y del Clan de Golfo hicieron que “se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”.

Esas acciones se incrementaron principalmente en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó, en los que mayor presencia tienen ambos grupos armados.LEE TAMBIÉN

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Según la Defensoría, los departamentos que tienen “riesgo extremo” son:

  • Cauca (16).
  • Nariño (14).
  • Chocó (9).
  • Norte de Santander (8).
  • Antioquia (7).
  • Bolívar (6).
  • Caquetá (6).
  • Arauca (4).
  • Tolima (4).
  • Putumayo (3).
  • Valle del Cauca (3).
  • Huila (2).
  • Meta (1).
  • Magdalena (1).

La Defensoría recomendó implementar “acciones extraordinarias” para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. Asimismo solicitó adoptar “estrategias contundentes de inteligencia” para garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.

“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, dijo Camargo.

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