HIPOTECAN EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS

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HIPOTECAN EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS

Por: Iván Darío Ramírez Cardona (Ingeniero Civil, Magister en Educación; Especializado en Geotecnia, Especialista en Calidad Total).

Para nadie es un secreto que los señores parlamentarios autorizan leyes que no están adecuadamente financiadas, empezando por sus salarios y aquellas normas que permiten las nóminas paralelas en la administración y gastos no prioritarios en la nación, los departamentos y municipios.

Es por ello que los ciudadanos colombianos debemos organizarnos para plantear referéndums o plebiscitos que obliguen a los gobiernos a todo nivel. No sólo para limitar sus sueldos y gastos de las nóminas directivas; los tamaños administrativos deben reducidos a estructuras viables; así como el mismo sistema de contratación pública, obliga a los contratistas privados en gastos limitados en sus administraciones, generando una seria viabilidad a los proyectos; en este caso, a los gobiernos de turno.

No es aceptable que los administradores de los gobiernos le puedan plantear a sus ciudadanos reformas tributarias, para financiar programas que no son prioridad o que no tienen en la cuenta los gastos ya comprometidos e impostergables, como son: las demandas perdidas por el accionar ilegal de los funcionarios públicos en procesos de paz, en pensiones y en áreas vitales como la salud, la educación, la administración de justicia, la generación de empleo y riqueza, la protección de la libertad de los ciudadanos, la infraestructura para fortalecer economías regionales, etc.

Si la productividad de una nación no alcanza para sostener administraciones de gran tamaño y demostradamente ineficaces por sus pésimos indicadores de gestión, deberán ser los ciudadanos organizados quienes los obliguen a bajar sus sueldos; amarrarlos al salario mínimo, tal que el mayor sueldo sea el del presidente de la República y no, por ejemplo, el de los gerentes de Cámaras de Comercio y algunas empresas de Servicios Públicos.

Los ciudadanos colombianos no pueden seguir permitiendo que, con trampas jurídicas, los recursos públicos se manejen como si fueran recursos privados, con convenios ilegales y sin control al lobby; en empresas de servicios públicos, en empresas público privadas, en concesiones leoninas, en las mismas fuerzas armadas, la banca, etc. y estableciendo, además, un real control con aseguramiento de la calidad a las regalías que, con trampas contables, evaden mayores pagos a la nación. Por eso, debemos procurar el correcto auditaje y control, así sea que éste deba venir de empresas privadas extranjeras y sacar de circulación a los entes de control a los que se les demuestre que están politizados o no dan los resultados adecuados en el tiempo.

Es prioridad que la institucionalidad y la autoridad se fundamente en el buen manejo y correcto control de los recursos públicos, sin derroches y con gastos autorizados priorizados en las leyes, porque ese es un fundamento básico para justificar un intermediario administrativo (un gobierno), entre lo público y lo privado.

Si queremos viabilizar y otorgarles real autoridad a las Administraciones Públicas, es clave que esos plebiscitos o referéndums, según sea el caso, se den con real urgencia, porque estos señores que están legislando en algunos casos críticos, lo hacen para los intereses de los grupos económicos favoritos que inevitablemente concentran la riqueza en unos pocos. Ellos, no pueden seguir hipotecando el futuro de nuestros jóvenes. – ¿Con que autoridad lo hacen? Por eso, antes que promover marchas improductivas necesitamos foros, conferencias, reuniones gremiales de todo tipo, convocatorias universitarias, etc. para que sea el pueblo y sus ciudadanos más destacados quienes debatan con sus intelectuales, empresarios y hombres trabajadores de la base, cómo se deben redactar estas leyes que le pongan “el tate-quieto” a estas organizaciones de criminales que se tomaron los gobiernos, el Senado y la Cámara con la compra del sagrado voto; a veces con fraudes evidentes, contubernios entre los funcionarios públicos y con el cómplice engaño sugestivo e hipnótico de algunos medios de comunicación que se favorecen con millonarias inversiones no prioritarias, en publicidad y gastos para la imagen de los honorables gobernantes.