La Jurisdicción Especial para la Paz dice que son 4.154 víctimas más de ejecuciones extrajudiciales, de las reportadas por Fiscalía
Compartir en facebookCompartir en twitterCompartir en whatsappEnviar por emailReportar ErrorCompartir en linkedinComentariosCristina Navarro // @Crriss8818/02/2021 – 06:24 COT
Primicia Caracol Radio.
Conocimos las 38 páginas del Auto de priorización interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el Caso 03 que formalmente se llama “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido como los «falsos positivos».
El 17 de julio del año 2018 cuando el Tribunal de Paz recibió el expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación, se reportaron 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia, entre 1988 y 2014.
Pero dos años largos de Investigación de la JEP, este tribunal, después de contrastar toda la información de este macro-caso tiene su propia cifra y es que son 6.402 las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, es decir 4.154 víctimas de las inicialmente reportadas. Además, esos crímenes ocurrieron en menos tiempo, entre los años 2002 y 2008, que son los primeros seis años del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
¿Cómo llegó la JEP a determinar esta cifra?
Al recibir el caso se contrastó toda la información recibida en los informes presentados por organizaciones de víctimas y también las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio, el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Todas difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. En lo único que coinciden las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales es que identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.
¿La fase de investigación en qué lugares del país se concentra?
En el documento de 38 páginas que conocimos en Primicia hay seis territorios de Colombia que los catalogan como críticos en temas de falsos positivos y por esa razón fueron priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Son: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Antioquia
Registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008. El año de mayor victimización en esa la región fue 2004. La IV Brigada de Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.
La Costa Caribe
El 7,3% del universo de víctimas para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercero con mayor nivel de victimización en el país.
La Guajira reporta el noveno lugar con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, que corresponderían a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
Norte de Santander
Ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División de Ejército, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentrarían cerca del 60% de los casos de falsos positivos.
La Quinta División del Ejército tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. De esa zona se encontró que en el Huila hubo un incremento sustancial de casos presentados ilegalmente como bajas en combate entre 2005 y 2008. De un total de 327 muertes reportadas, la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas.
Casanare
La Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate se registraron 12 por cada 100.000 habitantes, para el periodo entre 2002 y 2008.
En esta zona la JEP priorizará la investigación por hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a falsos positivos que habrían sido cometidos por miembros de la Brigada XVI.
El auto de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso 03 conocido como el de los falsos positivos. Dice que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos.
Están por años entre 2002 y 2008. Antioquia en el año 2002 fueron reportadas 147 víctimas, para 2004 reportaba 303; en 2005: 290; 2006: 284, en 2007: 297 y en 2008: 140.
Meta: pasó en 2002 de 34 víctimas de falsos positivos a reportar como bajas en combate 104 en el año 2006.
Caquetá: 2002: 25 y en el año 2006: 86.
Cesar: para el año 2002 43, 2007: 90
Norte de Santander: 17 víctimas en 2002 a 99 en 2007.
Tolima: 19 en 2002 a 70 en 2008
Huila: En el año 2002, 6 víctimas, en el año 2007, 106 muertes presentadas como bajas en combate, cuando en realidad eran falsos positivos.
Casanare: 2 en 2002 y 95 en 2007
La Guajira: 11 en 2002 a 78 en 2006
Cauca: 5 en 2002 a 61 en 2007.
¿Cuáles son los pasos a seguir con esta priorización que hace del caso la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz?
La JEP decidió, dentro de la estrategia de investigación del Caso 03, que “se hará de abajo hacia arriba”. Con estos 6 sub-casos buscará esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.
En la segunda fase de la investigación del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
¿Cómo se buscarán las responsabilidades?
Con esos hallazgos la imputación de cargos y responsabilidades por los llamados falsos positivos, se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado, estos delitos, de presentar campesinos como guerrilleros muertos en combate, para dar resultados operacionales, luego se pasarán a los altos mandos militares, que serían los que habrían ordenaron estas ejecuciones extrajudiciales.
Este macro-caso hace parte de los siete que esta justicia especial les ha dado apertura. Como el caso 01, de secuestros de las Farc, del que ya imputaron cargos.
Estos macro-casos son las grandes investigaciones del Tribunal de Paz, y como hicieron con el caso 01 que paso de llamarse “retención ilegal de personas por parte de las Farc” a “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad” y en el cual a los exFarc se les imputaron los máximos delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en este caso 03 llamado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, al momento de la imputación se le podría cambiar de nombre y allí los responsables serían los miembros de la Fuerza Pública.
Los cinco magistrados que firman esta decisión judicial dan un término de 15 días hábiles para la presentación de observaciones escritas por parte de los representantes de las víctimas acreditadas en el marco del Caso 03 y del Ministerio Público frente al contenido de las 38 páginas. También notificar el contenido de la providencia a los sujetos procesales e intervinientes especiales reconocidos en el marco del Caso 03.
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En el Hospital Universitario inició vacunación en Santander
La decisión del perdón como método de sanación
Armenia está lista para iniciar vacunación contra COVID: Secretaria salud
Fiscales de Iberoamérica respaldan a Colombia y Ecuador
Rechazaron las críticas a los Fiscales Barbosa y Salazar por reunión en el vecino país
Compartir en facebookCompartir en twitterCompartir en whatsappReportar ErrorCompartir en linkedinComentariosJosé Andrés González Gaitán @andresGgaitan18/02/2021 – 15:44 COT
La Asociación Iberoamericana de ministerios Públicos a través de una carta rechazó los señalamientos contra el Fiscal General de Colombia Francisco Barbosa, y la Fiscal de Ecuador Diana Zalazar, de presuntamente intervenir en las elecciones del vecino país.
Dice ese organismo internacional, que hay preocupación por actos que podrían constituirse como “presiones indebidas” sobre las Fiscalías de Colombia y Ecuador, luego que los dos funcionarios se reunieron para la entrega de pruebas que fueron halladas en el computador del abatido jefe del ELN, alias ‘Uriel’, y que aparentemente relacionarían al candidato Andrés Arauz.
“reafirmamos la defensa de la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos frente a cualquier tipo de intimidación por el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”. Señala la carta.Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google NewsComentarios 0
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Destituyen a juez por beneficiar a narcotraficante con prisión domiciliaria
Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituye e inhabilita a juez de la República por beneficiar con prisión domiciliaria a narcotraficante
Compartir en facebookCompartir en twitterCompartir en whatsappReportar ErrorCompartir en linkedinComentariosNaydú Baquero @Naydubaquero18/02/2021 – 12:33 COT
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por diez años al Juez de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, Oscar Enrique Aguirre Perdomo, por beneficiar con prisión domiciliaria a un condenado que transportó y comercializó 412 kilos de clorhidrato de cocaína.
la Alta Corporación responde a un recurso de apelación que presentó el juez Oscar Aguirre ante la sanción de primera instancia impuesta por la Sala Disciplinaria Seccional de Caquetá, argumentando que no hubo dolo en su decisión.
Julio Andrés Sampedro Arrubla, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que el juez disciplinado no debió haberle dado beneficios: “Por haber otorgado ilegalmente la detención domiciliaria a una persona que se encontraba condenada por tráfico de estupefacientes”.
El Alto Tribunal, sin embargo, concluyó que no se trató de incumplir con su ética sino con ir en contra de la ley penal al conceder un beneficio a quien no era viable otorgársele.Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google NewsComentarios 0
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Consejo de Estado deja en firme elección del Fiscal Barbosa
Consejo de Estado negó la nulidad de elección del Fiscal General, Francisco Barbosa y reafirmó que su periodo es personal y no institucional
Compartir en facebookCompartir en twitterCompartir en whatsappReportar ErrorCompartir en linkedinComentariosNaydú Baquero @Naydubaquero18/02/2021 – 12:14 COT
El Consejo de Estado decidió que el periodo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa es personal, es decir la elección se cumple por un periodo de cuatro años desde que fue elegido, luego de haber reemplazado a Néstor Humberto Martínez, en mayo de 2020, quien terminaba su periodo como Fiscal General en agosto del año pasado.
La decisión se tomó después de que el Consejo de Estado admitiera para estudio las demandas presentadas por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, pidiendo la nulidad de elección de Francisco Barbosa.
Todo empezó cuando dos estudiantes de la Universidad Nacional, le pidieron a la Alta Corte que examinará las implicaciones de una elección personal, y los estudiantes demandaran que, el periodo que debía cumplir el Fiscal General era institucional, solo para reemplazar a Néstor Humberto Martínez por el tiempo que le faltaba para culminar su elección.
Es decir, acorde con el sistema establecido por la Constitución del 91, y que a pesar, de la decisión tomada por el Consejo de Estado, siete años atrás de que resolver que el exfiscal Montealegre debía tener un periodo personal, ese precedente podría cambiar en el 2020.Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google NewsComentarios 0
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En el Hospital Universitario inició vacunación en Santander
La decisión del perdón como método de sanación
Armenia está lista para iniciar vacunación contra COVID: Secretaria salud
2.500 funcionarios de la salud en las FF.MM son vacunados
La jornada se adelanta en el Hospital Central de la Policía Nacional y el Hospital Militar en Bogotá
Compartir en facebookCompartir en twitterCompartir en whatsappReportar ErrorCompartir en linkedinComentariosJosé Andrés González Gaitán @andresGgaitan18/02/2021 – 11:58 COT
A 1.536 funcionarios que hacen parte de la primera línea de atención, se les aplicarán las dosis en el Hospital Central de la Policía Nacional en la etapa inicial del Plan Nacional de Vacunación en Bogotá. Una patrullera, auxiliar de enfermería, fue la primera en recibir la dosis.
Se habilitaron 15 puestos de vacunación a los que llegarán 6 personas por hora. Este jueves se aplicará el 70 por ciento del total de dosis y para mañana viernes se tiene previsto el 30 por ciento restante.
“Hoy se va a vacunar a alrededor de 1.000 y mañana el resto”, explicó el brigadier general Manuel Antonio Vásquez, director de Sanidad de la Policía Nacional.
Entre tanto en el Hospital Militar, 972 funcionarios recibirán la vacuna. En el primer día la dosis la recibirán 528. Este viernes el restante.
El ministro de la Defensa Diego Molano dice que habrá un dispositivo especial de apoyo de las Fuerzas Militares para custodiar la recepción, almacenamiento y transporte de las dosis.
“Estamos aquí para rendir un tributo a todos aquellos que fallecieron, pero especialmente para rendir un tributo a nuestro personal médico”.
La DIIJIN de la Policía desplegó un plan especial para evitar que los delincuentes trafiquen con falsas vacunas anti covid.Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google NewsComentarios 0
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Gremio de la seguridad privada pide autorización para usar drones
Confevip dice estar dispuesto a prestar seguridad al plan nacional de vacunación.
Entrevista al presidente de la ConfevipCompartirPlay
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Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip), explicó en Caracol Radio la propuesta que presentó al Gobierno para que el sector privado haga parte del esquema de seguridad destinado al plan nacional de vacunación contra el Covid-19.
“La propuesta está centrada en los puntos de aplicación de la vacunas y evitar que sea adulteradas o hurtadas por mafias que buscan venderlas de manera ilegal. Contamos con la tecnología y el conocimiento para prevenir este tipo de delitos”, aseguró Díaz.
Según dijo Díaz, el sector privado dispone de al menos 380 mil personas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y un sistema de 200 mil cámaras. Por otro lado, el presidente de la Confevip reiteró el llamado al Ministerio de Defensa de actualizar la normativa expedida en 1993 sobre la vigilancia privada.
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“Hemos estado hablando con la Alcaldía de Bogotá para usar drones en las ciclorutas de la ciudad para combatir el robo de bicicletas. Permitiría identificar rápidamente al delincuente”, dijo Díaz.
Aseguró que no ha sido posible implementar estos aparatos por una normativa obsoleta. “Tenemos también cámaras térmicas que tienen la facilidad de identificar, en tiempo reducido, a los presuntos delincuentes. Queremos que la ciudadanía tenga acceso a esto y se sientan más seguros”, indicó.
Por último, planteó la posibilidad de que el manejo de las cárceles en el país esté en manos de la seguridad privada. “Podemos construir los centros carcelarios y asegurar la resocialización de los presos. Queremos prestar esos servicios”, manifestó.Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google NewsComentarios 0
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Artículo del Código del Trabajo resultaría discriminatorio contra la mujer
Concepto de la Procuraduría que llegó a la Corte Constitucional advierte que uno de los artículos del código sustantivo del trabajo es discriminatorio
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Un concepto de la Procuraduría que llegó a la Corte Constitucional advierte que uno de los artículos del código sustantivo del trabajo es discriminatorio con las mujeres, se refiere al artículo 108 que pide: “Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de dieciséis (16) años”, Además la Procuraduría le dijo a la Corte que se debe eliminar la palabra “las mujeres” para evitar que se desconozca la discriminación por razones de género.
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De acuerdo con el concepto, el artículo tal cual como esta desconoce la igualdad de oportunidades laborales.
El concepto de la Procuraduría precisamente surgió por una demanda que llegó a la Corte donde solicita que se elimine la palabra: las mujeres, del artículo.
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