El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, y el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presentaron los resultados del convenio interadministrativo de Caminos Ancestrales por $400 millones, el cual beneficia a las comunidades indígenas de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató.
El mandatario destacó que el estudio dio como resultado que se necesita una inversión por $84.125 millones para mejorar los caminos de Itauri – Chatas, La Punta – Embordó y Dokabú – Alto Currupipi de Pueblo Rico, y Jeguadas – Las Antenas, Las Palmas- Purembará – y San Antonio del Chamí – La Unión de Mistrató, para lo cual se comprometieron a organizar mesas de trabajo que permitan la consecución de recursos.
Este estudio se adelantó en 27,7 kilómetros en seis caminos de la población indígena el cual busca mejorar la movilidad por estos resguardos para el tránsito de vehículos tipo motocarro, personas y animales de carga, y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, precisó el Gobernador Sigifredo Salazar Osorio.
Precisó que este proyecto beneficia a 27.000 indígenas de los resguardos unificados Embera Chamí y Embera Katío de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico.
Ellos salen a los cascos urbanos por camino de herradura y si se enferman tienen que caminar ocho horas al puesto de salud más cercano y si construimos estos caminos ancestrales que ya están en fase tres vamos a mejorar la condiciones y es el proyecto que cierra más brechas sociales en el territorio risaraldense.
En tanto, el viceministro de Infraestructura propuso liderar una mesa de trabajo con la participación de su cartera, la Gobernación de Risaralda, gremios, empresarios y líderes indígenas, para gestionar los recursos que permitan desarrollar este proyecto.
Tenemos en estudios y diseños en fase tres adecuados que resuelven las necesidades reales de la comunidad. Tenemos pendientes de 60 grados, realmente una pared, y se tiene previsto de bajarla a 16 y 17 grados, esto es un camino para las comunidades indígenas”, aseguró el viceministro.
Añadió que “el resto es conseguir los $84.125 que es lo que cuestan las obras, estamos en un momento complejo, en un momento de escases, pero nos toca ser creativos para buscar recursos. Nuestro compromiso como Gobierno es instalar una mesa de negociación para ver de qué manera podemos conseguir los recursos de nivel central, nivel territorial, otros por obras por impuesto y cooperación internacional”.
Por su parte, la comunidad indígena de los dos municipios resaltó el trabajo de la Administración departamental por mejorar las condiciones de la población y realizar este tipo de procesos. Así lo expresó la autoridad tradicional del Resguardo Embera Chamí de Pueblo Rico, Raúl Guasiruma Nacavera: “Para nosotros es relevante que hayan hecho un estudio juicioso, con mucha técnica, que vamos a presentar en conjunto con la Gobernación de Risaralda a la minga nacional para que este proyecto pueda ser viabilizado y ejecutado”.
Además, dijo que la importancia de mejorar estos caminos “es que los niños, los estudiantes y enfermos de tanto caminar es un impedimento para llegar al centro de salud, pues eso nos da viabilidad y facilidad de llegar más rápido al hospital”.
Los estudios y diseños proponen las siguientes construcciones: 61.094 metros cuadrados de piedra pegada, 7854 metros cuadrados de andenes, 5681 metros cuadrados de placa huellas, 2775 metros cuadrados de losa, 19 muros de contención, 13 box coulvert, 168 alcantarillas, 44.552 metros de bordillos, 12.795 metros de filtros francés, mejoramiento de 5 puentes y la instalación de 420 señales de tránsito a ubicar.
Dato de interés
Los $400 millones aportados por el Ministerio de Transporte a la Gobernación de Risaralda fueron posibles gracias a que fue el primer departamento en presentar el Plan Vial actualizado en el año 2016.
Foto: Grupo Puebla El jefe de Estado ha recibido el respaldo de políticos, líderes, intelectuales y organizaciones de diferentes latitudes. “Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del Gobierno”, indica grupo de más de 100 organizaciones sociales en los territorios. El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado al respeto a la independencia de poderes, a la serenidad, a la sensatez y a la calma. Bogotá D.C., 3 de febrero de 2024 El presidente Gustavo Petro ha recibido el respaldo de políticos, líderes, intelectuales y organizaciones de diferentes latitudes frente a la advertencia de un posible plan de golpe de Estado orquestado desde la derecha, a través del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea, expresó que la persecución judicial contra el jefe de Estado colombiano “está deteriorando la democracia del país”. “El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno, el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana que hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro”, dice un aparte del comunicado. Vea el comunicado completo aquí El Grupo señala que “la insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país”. Agrega que están “distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables”. El documento aparece firmado por diferentes líderes latinoamericanos y europeos, encabezados por los expresidentes de Colombia y Ecuador, Ernesto Samper y Rafael Correa. También aparecen Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial de Chile; Irene Montero, exministra de Igualdad de España; Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador; Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay; Verónika Mendoza, excandidata presidencial de Perú; Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador; Carlos Ominami, exministro de Gobierno y Economía de Chile. Igualmente, Gabriela Rivadeneira, exasambleísta de Ecuador; Ana Isabel Prera, exministra de Cultura de Guatemala; Esperanza Martínez, senadora de Paraguay; Hugo Martínez, excandidato presidencial de El Salvador; Carlos Sotelo, exsenador de México; Camilo Lagos, exdiputado de Chile. En la representación colombiana estuvieron los senadores María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda, y el representante a la Cámara David Racero. El llamado de más de 100 organizaciones Por su parte, un grupo de más de 100 entidades y organizaciones de la sociedad civil en los territorios expresó su “profunda preocupación política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente, nominado al Premio Nobel de Paz, Gustavo Petro”. “Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del Gobierno, extralimitándose en sus funciones, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”, señala el comunicado. El documento, publicado en la cuenta personal de X de Juan David Correa, ministro de Cultura, Artes y Saberes, está firmado por Agenda Internacional de Paz Londres, Alianza Social Independencia, Asociación Animalista Libera, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas del Bajo Atrato, entre otros. A su turno, el Consejo Gremial Nacional, en su cuenta de la red social X?, hizo un llamado al respeto a la independencia de poderes, a la serenidad, a la sensatez y a la calma. “La independencia y el equilibrio de poderes deberán siempre ser respetadas como base fundamental de la estabilidad institucional. Es obligación de todos fortalecer y profundizar estos principios”, se indica en el comunicado.