El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al presidente Gustavo Petro el 4 de mayo de 2026, reiterando su propuesta de un acuerdo nacional que debería ser negociado con el próximo gobierno en Colombia. El pronunciamiento se dio tras declaraciones del mandatario sobre la posibilidad de retomar diálogos si la guerrilla abandona las economías ilícitas, en medio de un proceso de paz suspendido y un contexto de creciente violencia.
En su comunicación, el grupo armado insistió en que su planteamiento busca abordar una crisis estructural del país y no limitarse a un acuerdo de desmovilización. La organización ha defendido que cualquier salida al conflicto debe incluir transformaciones políticas y sociales profundas, lo que marca distancia con las condiciones planteadas por el Gobierno para reactivar las negociaciones.
El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que no habrá avances sin el desmonte de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, consideradas el principal motor de la violencia. Además, ha advertido que, sin estos cambios, se mantendrán operaciones militares contra el grupo insurgente, lo que refleja la tensión entre ambas partes.
El contexto de esta disputa está marcado por el fracaso de la política de paz total, que buscaba negociar con todos los actores armados. Las conversaciones con el ELN permanecen suspendidas desde 2025 tras episodios de violencia, mientras el grupo ha fortalecido su presencia en varias regiones estratégicas del país.
A nivel internacional, el caso colombiano evidencia los desafíos de los procesos de negociación en escenarios de conflicto prolongado. La insistencia del ELN en trasladar el diálogo al próximo gobierno introduce incertidumbre sobre el futuro de la paz en Colombia, justo en un año electoral donde la seguridad y la estabilidad serán temas centrales.
English version
ELN challenges Petro and pushes for agreement with next government amid peace crisis
The National Liberation Army (ELN) responded to President Gustavo Petro on May 4, 2026, reiterating its proposal for a national agreement to be negotiated with Colombia’s next government. The statement followed the president’s remarks about resuming talks if the group dismantles illegal economies, amid a suspended peace process and rising violence.
In its message, the armed group insisted that its proposal aims to address the country’s structural crisis rather than focusing solely on disarmament. The ELN argues that any solution must include deep political and social reforms, creating a gap with the government’s conditions for restarting negotiations.
President Gustavo Petro has stressed that no progress will be made without ending illegal activities such as drug trafficking and illicit mining, which he considers the main drivers of violence. He has also warned that military operations will continue if these conditions are not met, highlighting the ongoing tension.
The broader context reflects the failure of the “total peace” policy, which aimed to negotiate with all armed groups. Talks with the ELN have been suspended since 2025 following violent incidents, while the group has expanded its influence in several strategic regions.
Internationally, Colombia’s situation illustrates the complexity of negotiating in prolonged conflict scenarios. The ELN’s insistence on shifting talks to the next administration adds uncertainty to the future of peace in Colombia, especially in an election year where security and stability are key issues.

