Renuncia en Aguas y Aguas de Pereira Revela Crisis de Gobernanza Corporativa

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

La renuncia de Eduardo Castrillón a la Junta Directiva de Empresas Públicas de Pereira —conocida como Aguas y Aguas— marca un punto de inflexión en el debate sobre gobernanza corporativa y transparencia institucional en la ciudad. El anuncio, aunque tardío, responde a una creciente preocupación ciudadana sobre decisiones administrativas que, según el propio renunciante, contradicen principios éticos y de gestión responsable. El hecho ocurrió en el contexto de una administración municipal bajo escrutinio, con el alcalde Mauricio Salazar Peláez como figura central en las controversias que han erosionado la confianza en la empresa emblemática de servicios públicos.

El cuestionamiento no es nuevo: desde 2024, cuando se designó a una gerente sin los requisitos académicos exigidos, se activaron señales de alerta sobre la gestión pública. A ello se sumaron despidos injustificados con altas indemnizaciones, contratos con sobrecostos y procesos de selección limitados, que muchos interpretan como favorecimiento político. Castrillón, en su comunicado, evitó detalles, pero dejó claro que su salida se fundamenta en una “desaprobación ética y política” frente a las decisiones del alcalde, lo que refuerza la percepción de una institución desvinculada de los estándares de buen gobierno corporativo.

Las autoridades locales ya tienen conocimiento de estas irregularidades. El Concejo Municipal y la Contraloría han recibido comunicaciones formales sobre el tema, aunque hasta ahora no han tomado medidas contundentes. Esto alimenta la sensación de impunidad y refuerza la necesidad de mecanismos de control más efectivos. La ciudadanía, cada vez más informada, exige que las empresas públicas operen con transparencia, eficiencia y lealtad a los intereses colectivos, no a agendas políticas.

La renuncia de Castrillón no es un acto aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda. Las juntas directivas, como cuerpos de supervisión y orientación estratégica, deben garantizar que las decisiones beneficien a los accionistas —en este caso, los ciudadanos— y no a intereses particulares. Cuando fallan en ese deber, se debilita la institucionalidad y se pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios esenciales. La comunidad de Pereira espera ahora que las autoridades respondan con acciones, no solo con silencio o formalidades.

English versión

Resignation at Aguas y Aguas de Pereira Exposes Corporate Governance Crisis

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License No. 0222 issued by the Ministry of National Education

The resignation of Eduardo Castrillón from the Board of Directors of Pereira’s Public Utilities Company —known as Aguas y Aguas— marks a turning point in the public debate over corporate governance and institutional transparency in the city. Though delayed, the announcement responds to growing civic concern over administrative decisions that, according to Castrillón himself, contradict ethical and responsible management principles. This occurred amid a municipal administration under scrutiny, with Mayor Mauricio Salazar Peláez at the center of controversies eroding public trust in the iconic public services company.

The criticism is not new: since 2024, when a manager was appointed without meeting required academic qualifications, warning signs emerged about public management. These were compounded by unjustified dismissals with high severance payments, overpriced contracts, and limited selection processes, widely interpreted as political favoritism. Castrillón, in his statement, avoided specifics but made clear his departure stems from an “ethical and political disapproval” of the mayor’s decisions —reinforcing perceptions of an institution detached from good corporate governance standards.

Local authorities are already aware of these irregularities. The Municipal Council and the Comptroller’s Office have received formal communications on the matter, though no decisive action has been taken yet. This fuels a sense of impunity and underscores the need for more effective oversight mechanisms. The public, increasingly informed, demands that public enterprises operate with transparency, efficiency, and loyalty to collective interests —not political agendas.

Castrillón’s resignation is not an isolated act, but a symptom of a deeper crisis. Boards of directors, as strategic oversight bodies, must ensure decisions benefit shareholders —in this case, citizens— and not private interests. When they fail in this duty, institutional integrity weakens and the sustainability of essential services is jeopardized. The people of Pereira now expect authorities to respond with action, not silence or formalities.