

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
El diputado risaraldense Carlos Andrés Gil González reiteró su preocupación por la crítica situación de seguridad en Risaralda, alertando sobre el incremento de homicidios que ha superado el 100% durante 2024 y 2025. La declaración del congresista se produce en medio de una escalada de violencia que afecta principalmente a los municipios de Pereira y Dosquebradas, ciudades que han experimentado un deterioro significativo en la convivencia ciudadana durante los últimos meses.
Según el análisis presentado por Gil González, la inseguridad en el occidente colombiano requiere intervención inmediata de las autoridades competentes. El diputado enfatizó que municipios como Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico necesitan un refuerzo urgente de la presencia de la fuerza pública para proteger a sus habitantes y evitar que pierdan la estabilidad que ha caracterizado estas regiones durante décadas.
La preocupación del legislador risaraldense refleja una realidad que afecta a miles de familias en el departamento. El aumento desproporcionado de homicidios en la región representa un retroceso en los indicadores de convivencia y seguridad, transformando la vida cotidiana de comunidades que históricamente han gozado de relativa tranquilidad. Esta situación ha generado alarma entre autoridades locales y organizaciones de derechos humanos.
El diputado Carlos Andrés Gil González ha hecho un llamado a las instituciones de seguridad para que implementen estrategias efectivas que contengan la ola de violencia. La seguridad ciudadana en Risaralda depende de acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ejército y las administraciones municipales, con énfasis en territorios que históricamente han permanecido al margen de las dinámicas delictivas más complejas.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia en el departamento. Desde la perspectiva del diputado, la inseguridad en municipios del occidente no es un problema aislado, sino parte de una problemática regional que requiere atención prioritaria en la agenda política y de seguridad nacional.
English Version
Security Crisis in Risaralda: Congressman Warns of Homicide Surge
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional Card 0222 issued by the National Ministry of Education
Risaralda congressman Carlos Andrés Gil González reiterated his concern about the critical security situation in Risaralda, warning of a homicide increase that has exceeded 100% during 2024 and 2025. The congressman’s statement comes amid a wave of violence that primarily affects the municipalities of Pereira and Dosquebradas, cities that have experienced significant deterioration in citizen coexistence in recent months.
According to the analysis presented by Gil González, insecurity in western Colombia requires immediate intervention from competent authorities. The congressman emphasized that municipalities such as Mistrató, Belén de Umbría, and Pueblo Rico urgently need reinforcement of public force presence to protect their inhabitants and prevent them from losing the stability that has characterized these regions for decades.
The Risaralda legislator’s concern reflects a reality affecting thousands of families in the department. The disproportionate increase in homicides in the region represents a setback in coexistence and security indicators, transforming the daily lives of communities that have historically enjoyed relative peace. This situation has generated alarm among local authorities and human rights organizations.
Congressman Carlos Andrés Gil González has called on security institutions to implement effective strategies to contain the wave of violence. Citizen security in Risaralda depends on coordinated actions between the National Police, the Army, and municipal administrations, with emphasis on territories that have historically remained outside the most complex criminal dynamics.
This situation highlights the need for comprehensive public policies that address the structural causes of violence in the department. From the congressman’s perspective, insecurity in western municipalities is not an isolated problem but part of a regional issue that requires priority attention on the national security and political agenda.



