



Las Fuerzas Militares de Colombia fueron alertadas hace un mes sobre la presencia de 150 guerrilleros en el departamento de Guaviare, donde se advertía la posibilidad de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La información anticipaba movimientos de las disidencias de las Farc, lo que llevó a operaciones militares recientes en la región amazónica.
El reporte inicial señalaba que los combatientes avanzaban por corredores estratégicos de la selva, bajo el mando de alias Iván Mordisco, líder de una de las estructuras más activas de las disidencias. La situación generó preocupación en las autoridades, que desplegaron unidades para contener la amenaza y evitar choques con otros grupos armados.
La operación culminó con un bombardeo en el que murieron más de veinte integrantes de las disidencias, entre ellos varios menores de edad reclutados de manera forzada. Este hecho desató un intenso debate nacional sobre los protocolos de inteligencia y la responsabilidad del Estado frente a la protección de la población civil en zonas de conflicto.
Organismos de control y sectores políticos han solicitado investigaciones para determinar si hubo fallas en la cadena de mando y en la evaluación de riesgos. La Justicia Penal Militar abrió un proceso para esclarecer si la intervención cumplió con los estándares nacionales e internacionales, especialmente por la presencia de menores en el campamento atacado.
El caso refleja la compleja realidad del Guaviare, donde la disputa por corredores estratégicos de narcotráfico y control territorial mantiene a las comunidades en constante riesgo. La alerta temprana y las operaciones militares evidencian la persistencia de las disidencias y la necesidad de reforzar la inteligencia para prevenir nuevas tragedias.


