Ecopetrol bajo lupa: investigan millonario contrato y decisiones de su junta.

Dos altos directivos de Ecopetrol han sido formalmente vinculados a una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, en relación con un contrato de más de cinco millones de dólares suscrito con la firma Covington & Burling LLP. El contrato, inicialmente destinado a evaluar el impacto reputacional de las investigaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, habría sido modificado para incluir inspecciones a comunicaciones internas.

Los funcionarios Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, miembros de la junta directiva, fueron seleccionados para integrar una comisión especial que tomó la decisión de suspender el contrato en febrero de 2025. Esta acción ha despertado dudas sobre posibles irregularidades en la planeación y ejecución del acuerdo, especialmente en lo referente al método de selección del contratista.

La Procuraduría ha decretado nuevas pruebas y reprogramado testimonios como parte de un auto emitido el 9 de septiembre, en el que se busca esclarecer si hubo faltas disciplinarias en el manejo del contrato CW207382, firmado el 29 de agosto de 2024. Las interceptaciones realizadas en el marco del contrato habrían afectado las comunicaciones de más de 70 funcionarios de la petrolera.

Este caso ha generado inquietud sobre los límites de la vigilancia interna en entidades estatales y el uso de recursos públicos para fines que podrían exceder el marco legal. La investigación continúa, y se espera que arroje luz sobre las decisiones tomadas por la junta directiva y sus implicaciones éticas y legales.

🇺🇸 English — Newspaper Article

🛢️ Ecopetrol under scrutiny: million-dollar contract and board decisions investigated

Two senior executives from Ecopetrol have been formally linked to a disciplinary investigation regarding a contract exceeding five million dollars signed with the firm Covington & Burling LLP. Originally intended to assess reputational risks stemming from investigations into company president Ricardo Roa, the contract was reportedly altered to include inspections of internal communications.

Board members Álvaro Torres Macías and Guillermo García Realpe were appointed to a special commission that decided to suspend the contract in February 2025. This move has raised concerns about potential irregularities in the planning and execution of the agreement, particularly regarding the contractor selection process.

The Procuraduría has ordered new evidence and rescheduled testimonies as part of a ruling issued on September 9, aiming to clarify whether disciplinary violations occurred in the handling of contract CW207382, signed on August 29, 2024. The contract’s surveillance activities allegedly affected communications of over 70 company employees.

The case has sparked debate over the boundaries of internal monitoring within state-owned entities and the use of public funds for purposes that may exceed legal frameworks. The investigation is ongoing, with expectations that it will shed light on the board’s decisions and their ethical and legal implications.