Colombia entre el optimismo económico y el abismo fiscal.

Colombia se encuentra en una encrucijada: mientras algunos indicadores económicos muestran señales alentadoras, el panorama político y de seguridad plantea serias preocupaciones. El país proyecta un crecimiento del 2,4 % para 2026, con una inflación que se ha reducido a la mitad desde 2022 y un desempleo en mínimos históricos. El turismo ha alcanzado cifras récord y el mercado bursátil ha experimentado un notable repunte. Sin embargo, estos logros conviven con una fragilidad estructural que amenaza su sostenibilidad.

La informalidad laboral, que afecta al 60 % de los trabajadores, limita la productividad y la recaudación fiscal. La inversión extranjera se ha visto desincentivada por decisiones como la prohibición de nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera. Aunque el consumo ha impulsado el crecimiento, la falta de inversión pone en duda su continuidad. Las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones independientes también han generado incertidumbre sobre la estabilidad económica a largo plazo.

En el terreno de la seguridad, el país enfrenta un deterioro alarmante. Los grupos armados han aumentado su presencia, los secuestros se han incrementado en un 75 % y la extorsión en un 50 % en los últimos tres años. Episodios como el asesinato de un candidato político, el derribo de un helicóptero y un atentado con camión bomba en Cali han puesto en entredicho la política de “Paz Total”. La violencia y la inestabilidad institucional, con constantes cambios ministeriales y propuestas de reformas constitucionales, han agudizado la polarización.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el país se encuentra dividido entre visiones opuestas. Mientras algunos líderes celebran los avances económicos, otros advierten sobre una crisis inminente. El próximo presidente heredará un escenario complejo, donde será necesario equilibrar las finanzas públicas sin sacrificar los programas sociales. Ya sea desde la izquierda o la derecha, se anticipan reformas tributarias que amplíen la base fiscal y promuevan mayor equidad.

🇬🇧 English:

Colombia Caught Between Economic Optimism and Fiscal Peril

Colombia stands at a crossroads: while some economic indicators offer encouraging signs, the political and security landscape raises serious concerns. The country is projected to grow by 2.4% in 2026, with inflation halved since 2022 and unemployment at historic lows. Tourism has reached record levels, and the stock market has surged impressively. Yet these achievements coexist with structural fragilities that threaten their sustainability.

Labor informality affects 60% of workers, limiting productivity and tax collection. Foreign investment has been discouraged by decisions such as banning new oil and gas exploration contracts. Although consumption has driven growth, the lack of investment casts doubt on its durability. Tensions between the executive branch and independent institutions have also fueled uncertainty about long-term economic stability.

Security conditions have worsened alarmingly. Armed groups have expanded, kidnappings have risen by 75%, and extortion by 50% over the past three years. Incidents such as the assassination of a political candidate, the downing of a helicopter, and a truck bombing in Cali have called the “Total Peace” policy into question. Violence and institutional instability—marked by frequent ministerial changes and proposals for constitutional reform—have deepened polarization.

As the 2026 presidential elections approach, the country is split between opposing visions. While some leaders celebrate economic progress, others warn of an impending crisis. The next president will inherit a complex scenario, requiring a delicate balance of public finances without undermining social programs. Whether from the left or right, tax reforms aimed at expanding the fiscal base and promoting greater equity are expected.