Corte Suprema ratificó fallo que ordena dejar en libertad a Álvaro Uribe Vélez.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que ordena la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que enfrenta por soborno en actuación penal y fraude procesal. El alto tribunal concluyó que la medida de aseguramiento impuesta no cumplía con los estándares constitucionales, al no justificar de manera clara la necesidad de restringir su libertad.

Según la Sala Penal, el juzgado que dictó la medida no presentó argumentos jurídicos ni fácticos suficientes para sustentar una decisión tan excepcional como la privación de la libertad. Las motivaciones fueron calificadas como reiterativas y carentes de fundamento, lo que llevó a la Corte a considerar que se vulneraron principios esenciales del debido proceso.

A pesar de esta decisión, la condena contra Uribe sigue vigente. El fallo lo declaró culpable como determinador de los delitos imputados y le impuso una sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de ocho años. La jueza de primera instancia había considerado la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena, destacando su comportamiento durante el juicio.

Con esta resolución, Uribe podrá continuar su defensa en libertad mientras avanza el proceso judicial. La Corte dejó claro que la decisión no modifica la condena, sino únicamente la medida cautelar que lo mantenía privado de libertad. El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en la historia política y judicial del país.

🇺🇸 English version

The Supreme Court upheld the ruling ordering the release of Álvaro Uribe Vélez.

Colombia’s Supreme Court has upheld the ruling that grants freedom to former president Álvaro Uribe Vélez, who faces charges of bribery in criminal proceedings and procedural fraud. The high court determined that the preventive detention imposed on him lacked constitutional justification and failed to clearly explain the necessity of restricting his liberty.

According to the Criminal Chamber, the judge who issued the measure did not provide sufficient legal or factual reasoning to support such an exceptional decision. The motivations were deemed repetitive and unfounded, leading the Court to conclude that essential principles of due process had been violated.

Despite this ruling, Uribe’s conviction remains in force. He was found guilty as the instigator of the charges and sentenced to a ban from holding public office for over eight years. The initial judge had considered house arrest as a substitute for prison, citing his conduct throughout the 67 trial hearings.

With this decision, Uribe will continue his legal defense while free, as the judicial process moves forward. The Court emphasized that the ruling does not alter the conviction, but only lifts the precautionary measure that had kept him detained. The case remains one of the most emblematic in the country’s political and judicial history.