LA DEMOCRACIA EN RIESGO.

* Facultades del Congreso
* ¿Gobierno de la muchedumbre?

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/Foto ENS

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Sábado, 15 de Marzo de 2025

El Congreso es el corazón del sistema democrático. De hecho, la Constitución colombiana se ocupa, en primer lugar, de señalar la importancia, funciones y composición de la rama legislativa, dentro de la estructura elemental del Estado. Esto inclusive antes de entrar a desarrollar la normatividad sobre las otras manifestaciones prioritarias del poder público: ejecutiva y judicial. Lo cual indica jurídicamente su prevalencia.

No en vano, entonces, al parlamento, organismo básico del Estado Social de Derecho que nos rige, le están atribuidas las funciones de hacer la ley, en sus diferentes escalafones (incluida la reforma constitucional). También ejerce el control político sobre el Gobierno nacional al igual que lleva a cabo el proceso de judicialización de los servidores públicos al máximo nivel, cuando corresponda, como en la actualidad en la (lerda) Comisión de Acusaciones. Así, entre otras facultades adicionales de la mayor trascendencia estatal.

Hacer la ley, pues, se constituye en el aspecto central del sistema. Y por eso su elaboración está estrictamente regida por una serie de normas que ante todo buscan garantizar la deliberación autónoma. Con base, por supuesto, en la libertad y no la imposición. Fue así, justamente, como a lo largo de la trayectoria histórica universal se consiguió este logro del pueblo, derrotando al absolutismo monárquico, el autoritarismo y la monocracia de cualquier índole, pero igualmente frente a otras anomalías no menos perniciosas, como la oclocracia, es decir, el gobierno de la muchedumbre. De suyo, se trata de la más grande victoria política, fundamento de la democracia contemporánea y que por fortuna en nuestro país sigue vigente, pese a los apetitos autoritarios, monocráticos y tumultuarios de último cuño.

Son, pues, los parlamentarios los depositarios legítimos de la voluntad popular en el propósito mandatorio de hacer las leyes. Para eso, nada más y nada menos, es esencialmente el Congreso. Como tal los senadores y representantes representan al pueblo y actúan básicamente “consultando la justicia y el bien común”, acorde con el precepto constitucional. En ese orden, tienen además un abanico de instrumentos, como las audiencias públicas, las sesiones especiales y las reuniones con las fuerzas vivas, lo mismo que documentos y análisis de expertos, entre otros, de forma tal que puedan adelantar su labor legislativa con la mayor cantidad de información posible y tomar, según su arbitrio libérrimo, las mejores decisiones en las materias que se les presentan. Y que deben debatir exentos de toda presión, ya sea esta, por ejemplo, el inverecundo clientelismo hoy en curso a instancias de la compraventa de consciencias instaurada por el Gobierno y de inmediato acogida por los usufructuarios del inconstitucional “bien personal” en el parlamento; ya sea porque, si bien el anterior expediente sirvió en la Cámara Baja (de Representantes) para aceitar los votos, en la Cámara Alta (Senado) los agentes clientelares gubernamentales no pudieron ni asomar su espeso catálogo para torcer las voluntades. Y ante esto, y de vindicta, el Ejecutivo pretende atravesar, no la consulta popular que dice, sino la muchedumbre a las decisiones mayoritarias de los senadores que han visto en sus iniciativas la debacle del empleo y la salud de todos los colombianos.

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De hecho, si de consulta popular oportuna, libre y atinada se tratara, hace tiempo el Gobierno pudo recurrir con calma a esa posibilidad, desde luego, pidiendo la aprobación del Senado al tenor de la ley. Ahora, cuando las decisiones legislativas en esa corporación no lo favorecen, se va lanza en ristre contra ella, además paradójicamente contra la entidad señalada por la Constitución para darle la autorización a la consulta. En ese mar de contradicciones y confusiones, que no son más que la plataforma para poner a las instituciones en suspenso y hundirlas en arenas movedizas, que ha sido su intención de siempre, el Ejecutivo pretende asimismo anticipar las elecciones del 2026 y sacar réditos políticos de la maniobra. Ya lo dijimos en el editorial de días atrás, cuando hizo la propuesta. Pero ahora añade que citará a “día cívico” para que, la próxima semana, cuando se debatan las modificaciones laborales, ya con ponencia negativa mayoritaria, pero aún pendiente de discusión, se den presiones para incidir la voluntad de la comisión Séptima del Senado. Por supuesto, la Constitución sostiene que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Carta y desempeñar los deberes que le incumben, lo que no es exactamente lo que se quiere cuando en esa jornada la consigna es que el Senado no delibere dentro del cauce normal de sus funciones, esto al intentar someterlo al escarnio, en la plaza de Bolívar, por sus decisiones autónomas.

En realidad, no es nada nuevo, si se recuerda el llamado y fallido “balconazo”. También, desde el comienzo, son claras las tendencias monocráticas y autoritarias presidenciales cuando considera que el único mandato electoral es el suyo y el del Congreso, de mayor volumen y calado, es prácticamente inexistente, a pesar de haber hecho Petro buena parte de su carrera allí, luego de amnistiado.

Pero el parlamento, como ya dijimos, tiene su mandato y sus atribuciones plenas. La decisión que tome, en cuanto a las leyes, corresponde a la democracia. Como igual será su disposición, en su momento, sobre lo que considere pertinente en cuanto a la consulta. Cualquier actitud en contrario no puede ser sino un golpe a las instituciones.