Sin duda resulta.preocupante la advertencia que hiciera esta semana la Defensoría del Pueblo en torno a que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica en Colombia incumple estándares internacionales.

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No es un campanazo de menor grado. Por el contrario, correspondería al Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar, el Congreso y otras entidades del orden nacional dar una respuesta a lo señalado por la institución del Ministerio Público.

El panorama, según el informe defensoral, es muy crítico en los centros de internamiento de los menores infractores, según se constató a través de visitas y encuestas a los jóvenes que tienen medidas privativas de la libertad.

No solo se concluyó que es necesario generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla el proceso de resocialización de los menores infractores, sino que, además, se requiere ajustar el mecanismo pedagógico, específico y diferenciado para que estos adolescentes puedan reingresar a la sociedad.