Política criminal al tablero.

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*La elección de la nueva fiscal

*Corte Suprema no es convidada de piedra

No es poco el debate que se ha dado en Colombia siempre que se trata de elegir al fiscal general de la Nación. En buena parte porque conlleva un acto jurídico complejo en el que participan las más altas instancias del Estado, a saber, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Por lo cual, además de la idoneidad requerida para el cargo, también intervienen otros aspectos fundamentales.

Es ahí, justamente, donde en principio deberían tenerse en cuenta las cruciales consideraciones en torno de la política criminal y los elementos que la componen. Porque, al fin y al cabo, el hecho no consiste solo en la designación de un funcionario o funcionaria, sino en analizar los alcances de esa política que, solo después de detallada y depurada, el elegido se compromete a cumplir. O al menos debería ser así. Y no al contrario.

En ese sentido, las normas constitucionales señalan que son funciones especiales del fiscal general de la Nación “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal”. Y tampoco es dable que la Corte Suprema pueda designar a alguien que no haya explicado a fondo sus conceptos e incluso verificar si estos se compadecen en un todo con los del máximo tribunal. Porque faltaría más designar a una persona en contravía del pensamiento integral de los magistrados como valedores del orden jurídico penal.