El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, alegó que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa y que “los jueces no solo deben ser imparciales, sino parecerlo y, en esta ocasión, eso no ha pasado”.

La grabación que habría sido enviada a RTVC se trataría de un diálogo que sostuvo Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso contra Santiago Uribe Vélez, y el abogado Diego Cadena, a quien la Corte señala de una presunta intervención indebida para que Monsalve cambie su testimonio.

Uribe también cuestionó que un magistrado comentara detalles del caso con un panelista de un programa de opinión que se transmite en radio. Así mismo, el expresidente discutió que parte de la investigación en su contra haya sido adelantada por parte de la magistrada auxiliar Sandra Yépez, quien “es declarada adversaria mía”.

Con base en estas tesis, el abogado Jaime Granados presentó la recusación en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema contra los magistrados que adelantan la investigación, argumentado que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa.

Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que las recusaciones, según el Código de Procedimiento Penal, se presentan cuando se considera que hay interés en el proceso, hay una relación de amistad o enemistad con el investigado; el magistrado o juez tiene un proceso pendiente ante la justicia; hay relaciones contractuales con la persona que se investiga.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aclaró que una recusación es una figura que se usa en aras de garantizar la imparcialidad de los jueces. “La formulación de una recusación o impedimento implica que los términos quedan suspendidos, por eso no se puede adoptar ninguna providencia ni practicar ninguna prueba, mientras no se produzca una decisión al respecto”, sostuvo.

A juicio de los dos expertos, en este caso, no habría inhabilidad de los magistrados. Mientras que Hernández sostuvo que una filtración de información no es motivo de recusación, Charry aclaró que “Uribe invoca una causal institucional, probablemente ocasionada en su época como Presidente, en la que hubo diferencias entre rama ejecutiva y judicial, pero esos enfrentamientos no son motivo de impedimento”.