SOCIEDAD CIVIL: «NO HAY UURO SIN DEMOCRACIA».-

Foto: Cancillería

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Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe y la Unión Europea pidieron a la Cumbre CELAC-UE «formalizar un mecanismo birregional multiactor de seguimiento y diálogo», el que  participen de manera efectiva y amplia.

El pronunciamiento se hizo a través de una declaración de 10 puntos a propósito del Foro de la Sociedad Civil LAC-UE 2025, realizado este sábado en Santa Marta.

Manifestaron que «la sociedad civil no pide espacio: ya lo ocupa, lo construye y lo defiende. No hay desarrollo  sin derechos, no hay justicia sin igualdad, no hay futuro sin democracia».

El pronunciamiento busca hacer sostenible una serie de propuestas expresadas en la declaración por «las organizaciones representantes de sindicatos, redes, pueblos indígenas, mujeres,  comunidad LGTBIQ+, juventudes, cooperativas y entidades sin fines de lucro».

Consideraron necesario «redefinir el desarrollo más allá del PIB, priorizando la reducción de desigualdades y el cierre de las brechas de financiamiento que frenan» los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Expresaron su preocupación por los recortes en la región de los presupuestos en la cooperación internacional y para ayuda humanitaria, en contraste con el aumento en el gasto militar.

Entre otras cosas, plantearon la necesidad de tener una participación significativa y amplia «que sitúe en el centro a las personas y las comunidades». 

Las organizaciones señalaron que las dos regiones ‘deben mantenerse libres de guerra y toda forma de violencia° y ratificaron »el valor de la paz y el papel esencial de la sociedad civil», como contrapeso democrático a las amenazas actuales de debilitamiento del Estado de derecho, de la desinformación y la polarización.

En ese sentido, le pidieron a la cumbre fortalecer la cooperación horizontal, participativa e inclusiva, «basada en la transparencia, justicia social y sostenibilidad».

Asimismo, pidieron a los 60 países representados en la Cumbre «reafirmar el compromiso con la justicia climática’, la autodeterminación de las comunidades y los pueblos indígenas, la protección de los territorios y la prevención del desplazamiento forzado por la crisis climática.​