POR EL EXMAGISTRADO GABRIEL TORO

DESDE MI REFUGIO

Por: Gabriel Alberto Toro Peláez

Retomando el tema de la excesiva burocracia que corroe las finanzas públicas colombianas, anotaremos que: “la Corporación para la reconstrucción de la cuenca del Río Páez” afectada por la avalancha fluvial, creada el 6 de junio de 1994, dispone de US$5.1 millones de dólares anuales; pero el cumplimiento de su objeto social no parece tener fin, como no sea el de alimentar la voracidad burocrática.

Igual suerte se adivina con la “Agencia inmobiliaria Virgilio Barco”, cuyo objeto es el de restaurar viejos edificios, para llenarlos de burocracia, con un presupuesto anual de US$18.9 millones de dólares.

La Unidad Administrativa denominada: “Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, cuenta con US$252Millones anuales.

El instituto Caro y Cuervo, cumple con la defensa del leguaje, por US$3.2millones anuales, con igual objeto a la Real Academia Española de la Lengua que la hace sin costo para Colombia.

Cómo entender que co-existan un Instituto de Metrología a un costo de US$8.8millones anuales y una Oficina Internacional de Pesas y Medidas?

La Defensoría del Pueblo cuenta con US$190 millones anuales para proteger los derechos humanos, existiendo la Procuraduría General que cumplía esa labor; aparte de que los jueces debieran garantizar el cumplimiento de las leyes y normas constitucionales que los consagran.

Lo anterior, por mencionar algunas Agencias del Estado; las cuales, en muchas ocasiones, compiten con las departamentales y municipales, con iguales o parecidas competencias.

Hoy vivimos también las exigencias violentas de los maestros oficiales, auspiciados por FECODE, buscando mayores garantías y asignaciones presupuestales para la educación; cuando de tiempo atrás gozan de privilegios, como: salarios por encima de la media nacional, la posibilidad de doble pensión, dos vacaciones por año; además de la semana santa y la intermedia de septiembre, a pesar de que poco trabajan, porque frecuentemente van a paro, abusando de los estudiantes que llevan a manifestaciones políticas, donde los enseñan a irrespetar los derechos  de los demás,  complementando con la práctica, su malformación exenta de valores. Ello, a pesar de que el gobierno Duque asignó el presupuesto históricamente más alto, ($43billones), para la educación.

Resulta entonces obvio revisar las tareas de Institutos y Agencias oficiales, y la eficiencia de la labor educativa, antes de aprobar nuevas reformas tributarias.