Jorge Enrique Pizano lo busca con muchas inquietudes y usted le empieza a pedir información para tener soportes y poder remitirle al Grupo Aval la información de las sospechas…
A ver, por etapas.
Primero, Jorge Enrique me menciona el caso y eso da lugar a que yo le pida que prepare un dossier para llevárselo al doctor (Luis Carlos) Sarmiento.
Eso es lo que da lugar a la reunión del 19 de agosto (que quedó grabada en un audio difundido por Noticias Uno hace una semana).
Esa es la reunión en que le digo: “Usted ganó, huevón, porque si no le estaban recibiendo esta documentación por otro lado, aquí se la estoy recibiendo para entregársela directamente al doctor Sarmiento”.
Después de esa reunión Jorge Enrique siguió, porque él era un gran investigador innato, por su cuenta consiguiendo información, iba y me la llevaba en esa relación de confianza que teníamos.
Yo cogía toda eso, obviamente le hacía preguntas, y se lo entregaba a la organización (Aval). ¿A quién, específicamente? Hoy no me acuerdo, pero eso sí: era para la investigación que estaba haciendo el controller, el vicepresidente contralor (del Grupo Aval, Rafael Neira).
¿Sabe usted qué medidas tomó el grupo Aval al recibir esa delicada información?
Yo no puedo hablar por el Grupo Aval, lo que sí sé es que hicieron unas reclamaciones al accionista internacional (Odebrecht) y eso dio lugar a que Odebrecht le presentara unos informes diciéndole que sí eran fundados esos gastos (que Pizano advirtió como irregulares) y por ello fue que terminaron en un contrato de transacción.
(El contrato de transacción, firmado en abril de 2016, se pactó para que Odebrecht cubriera los pagos inconsistentes que se habían hecho desde la concesionaria Ruta del Sol. El contrato se firmó con cláusula de confidencialidad).
Pizano lo alertó de posibles irregularidades con la concesionaria Ruta del Sol. Usted consultó a un penalista y él lo alertó de los delitos que podrían haberse cometido. Entonces, ¿por qué el Grupo Aval no acudió a las autoridades?
Esa sí es una consideración que debía hacer la empresa sobre la base de que ellos no tienen que denunciar delitos.
En Colombia, hoy, nadie está obligado a denunciar siendo particular. Por eso yo incluí en el debate de la reforma anticorrupción que si alguien tiene evidencias de que hay delito de corrupción, siendo ciudadano, debe denunciarlo.
Qué consideraciones tuvieron (en el Grupo Aval) para no denunciar? Eso es una cosa corporativa que ustedes tendrán que preguntar (a ellos).
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Es que para la época en que se firmó el contrato de transacción ya había otros indicios de corrupción; por ejemplo, habían capturado a Marcelo Odebrecht en Brasil.
Esa es una pregunta que no puedo responder. Como abogado, yo recibí una instrucción corporativa de hacer un acuerdo entre dos partes: una decía que no se justificaban unos pagos, la otra decía que sí se justificaban, y llegan a lo que se llama en el derecho privado “una transacción”, que fue la devolución de esas platas. De todas.
Todas sobre las que había dudas.
Sí, todas en donde se descubrieron faltantes, así fui informado. Odebrecht se obligaba a devolver esos dineros a la concesionaria, no al Grupo Aval. Lo más importante del acuerdo, y esa es la razón por la cual como abogado de derecho corporativo a mí me piden que modifique los estatutos y el acuerdo de accionistas, es que se establece que de ahí en adelante haya cogestión entre los dos grandes accionistas (Odebrecht y Grupo Aval) en el manejo de la administración de la concesionaria.
¿Por qué ese contrato de transacción tenía una cláusula de confidencialidad?
Es la cláusula que siempre se pone en todos los contratos.
¿Contratos anteriores, como el de estabilidad jurídica, tenían esa cláusula?
El de transacción tenía cláusula de confidencialidad porque siempre, a todo contrato, los abogados le ponemos una cláusula de confidencialidad; es de uso común.
¿Por qué pide el Grupo Aval que haya cogestión para manejar la concesionaria?
Había una desconfianza entre las partes. La propuesta fue: sigamos adelante con el negocio en que vamos, sobre la base de que, si hay dudas, se devuelve la plata. Como había surgido esa desconfianza, se acordó que en adelante se necesitaban autorizaciones del socio minoritario, que era el grupo colombiano.
(Lea: Nueva grabación entre el fiscal general y Jorge Enrique Pizano)
Jorge Enrique Pizano era muy amigo suyo. ¿Cómo entender entonces su necesidad de grabar las conversaciones con usted?
No solamente conmigo. He sabido, no puedo decir cómo, que él tenía esa costumbre. No sé por qué. No puede ser por duda (hacia mí) por una razón incontrastable: él me busca para que yo le lleve eso al Grupo Aval, o sea, fue un acto de confianza. Me dijo: usted será el único que lo pueda lograr, yo no he podido que le llegue al doctor (Luis Carlos) Sarmiento. Y eso llegó allá.
¿Y el doctor Sarmiento no se inquietó?
Se hizo el informe del vicepresidente contralor, él dispuso hacer el informe, que era lo que pretendía Jorge Enrique, y Jorge Enrique empezó a ayudarme.
Por eso yo he dicho, saquen todas las conversaciones, en todas se verá una relación de confianza entre los dos trabajando por buscar información.
Él me decía que allá los mandos medios no dejaban que eso subiera. Que llegaba a un tope. Y él, desesperado.
Tenía un contrato temporal y me decía: “Donde se lleguen a enterar que yo estoy utilizando este medio para llegar a donde el doctor Sarmiento, me quitan el contrato”.
Por eso yo le respondía: “Ojo, entre los dos, tranquilo lo manejamos”, porque si no se ganaba la animadversión de quienes no dejaban que eso subiera. Esa es la verdad de a puño.
Si eso es así, implicaría que en Corficolombiana más gente participó en el esquema de sobornos de Odebrecht, aunque solo José Elías Melo, el expresidente, está llamado a juicio…
Pues yo de eso sí no sé, porque él no me decía específicamente quiénes eran. Me decía que allá no le dejaban pasar la información y por eso apeló a mí para que llegara donde el doctor Sarmiento. Es que yo era un abogado de cientos de empresas, yo no solo era el abogado de Corficolombiana. Yo nunca he sido empleado del Grupo Aval. Nunca. Ni asesor externo permanente.
O sea que si los de Corficolombiana se enteraban de lo que Pizano estaba haciendo, lo echaban.
Sin duda. Él me contaba que le decían que era un “loquito”. Esas grabaciones, ojalá se conozcan todas, ahí debe estar donde él me lo decía.
(Vea: Grabación de agosto de 2015: ecos de un diálogo sobre el caso Odebrecht)
¿Quién las tiene?
El conspirador.
Recuérdenos la fecha en que se firmó el contrato de transacción.
Se firmó en Colombia, en mi oficina, el 11 de marzo del año 2016.
Marcelo Odebrecht había sido condenado tres días antes en Brasil. Y para esa época usted ya aspiraba a ser fiscal general. ¿No le parece que en esas condiciones era complicado hacer ese contrato?
Yo le dije al presidente Santos que ya había pasado por todos los cargos en Colombia y que quería prestar un servicio a este país en la Fiscalía para luchar contra la corrupción.
Todo lo que hemos hecho ahora no va a resultar empañado por unas conjeturas que está haciendo un conspirador.
En la justicia, en la salud, en los territorios, en el PAE, en la hemofilia, en los temas de compulsas de copias contra los dirigentes políticos que han cometido irregularidades.
Hemos compulsado treinta copias a la Corte Suprema. ¡Treinta! Eso no tiene antecedentes en la lucha contra la corrupción. Esta pregunta va orientada a que si yo sabía que ya había condenas contra Odebrecht.
Yo era un abogado y los abogados fabrican los contratos. Yo no era el negociador. Hoy se pueden hacer toda clase de conjeturas, como hoy soy el fiscal tienen derecho a preguntarse todo lo que quieran. Pero si me preguntan que si, para firmar el contrato, pregunté por el “pedigree” de los Odebrecht, la respuesta es no.
Yo no pregunté por nadie.
¿No se buscan antecedentes antes de hacer ese tipo de contratos?
Jamás, jamás. Si un cliente dice: elabore un contrato de transacción con esos socios, uno va, hace su minuta y le cumple al cliente.
¿Pizano alguna vez lo contactó luego de que se anunció la imputación de cargos contra él?
Sí. Me contactó en febrero de 2017 la primera vez. Él me contactaba por mi teléfono privado y nunca lo recibí. Ese es el día en que yo tengo que decirle: “Jorge Enrique, si tú quieres hablar conmigo, no es esta la vía, porque este es un teléfono privado.
En la Fiscalía se habla a través de memoriales con la administración”. Este es un diálogo privado, que hice público para que el país conozca el talante del fiscal que, siendo tan amigo como era de Jorge Enrique, no admitía tocar esos temas en privado.
Eso es parte de los temas dolorosos que la gente a uno no le entiende, los amigos no lo entienden, los exclientes no lo entienden, pero yo he querido ser así.
Los abogados, mis colegas, no entienden que yo no reciba abogados en el despacho, porque tengo unas reglas que me he dictado yo mismo.
Otras personas manejan sus asuntos desde el punto de vista de la administración pública y reciben abogados. Yo no, para evitar justamente todas esas conjeturas.
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Luego de posesionarse como fiscal, ¿lo buscó Pizano para recordarle de sus inquietudes frente a la concesionaria Ruta del Sol?
No sé, no creo. Si eso fuese así, yo había recibido esta información en calidad de abogado y tenía el deber de secreto profesional. Porque la otra pregunta que me hacen es: si usted sabía cuando llegó a la Fiscalía, ¿por qué no arrancó la investigación de hacia dónde habían ido esas platas? Porque cuando uno es abogado tiene un secreto profesional y no puede llegar con los secretos de la profesión a empezar a hacer investigaciones penales. Eso es clarísimo.
¿Tampoco podía presentar el impedimento?
No. La Corte Suprema de Justicia ha dicho una y cien veces que el fiscal se declara impedido sobre los negocios que lleguen a su despacho y ese negocio, en ese momento, no había llegado a mi despacho.
Esa es la discusión jurídica, pero, ¿no le parece que, éticamente, había una necesidad de que usted le dijera al país desde el inicio que se distanciaba de la investigación de Odebrecht?
Es que yo no manejaba el caso. Yo no llevo casos. Todo el mundo cree que, como salgo en las ruedas de prensa a informar porque yo soy el vocero de la Fiscalía, yo soy el que llevo los procesos y no es así. Si me preguntan por una posición ética, que la respeto, primero tienen que entender cómo funcionan las instituciones.
Tendría que haber llegado a revisar los dos millones cien mil casos que hay en la Fiscalía para hacer una declaración pública diciendo: en este caso, que no ha llegado al despacho, yo tengo un conflicto de interés porque este es enemigo mío, o en este tengo un conflicto de interés, como lo tengo, porque es una denuncia de un familiar que presentó antes de que yo llegara aquí, que por cierto nunca se ha movido y va a prescribir porque no se ha movido.
Por eso la Corte ha dicho que no puede haber impedimentos in genere, sino solo frente actuaciones específicas que le correspondan al fiscal general de la Nación. Claro, alguien podrá juzgar: pero, ¿por qué no se declaró impedido antes de que llegaran los casos? Porque lamentablemente así no funciona.
¿Cuándo comenzó su relación con la concesionaria Ruta del Sol, teniendo en cuenta que usted era asesor jurídico del Grupo Aval?
A mí me llama (Alberto) Mariño, que era el representante del Grupo Aval en la junta directiva de la concesionaria Ruta de Sol, y me pide que establezca si se puede o no hacer una adición al contrato de Ruta del Sol. Eso es 2012. Mariño me dice que hay una discusión interna sobre si se podía hacer una adición al contrato, tenía que ver con Ocaña-Gamarra.
(En contexto: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)
¿Por qué la discusión?
El contrato de adjudicación de 2010 decía expresamente que sí podía haber obras adicionales, pero que tenían que ser contratadas por el concesionario con un tercero a través de una licitación en condiciones de libre concurrencia. Entonces yo respondo: adiciones sí puede haber, el mismo contrato contempla la posibilidad. Lo que pasa es que ustedes, concesionaria Ruta del Sol, no pueden ser los contratistas porque el contrato dice que tienen que sacar licitación.
La adición se firmó en marzo de 2014, cuando yo no era funcionario público. Ni supe si se firmó o no ese contrato porque yo no fui el abogado asesor de la concesionaria Ruta del Sol para ese contrato. O sea, modificaron el contrato original para adjudicarle Ocaña- Gamarra por contratación directa al concesionario cuando el contrato original decía que el concesionario no podía ser el contratista.
El contrato, sin embargo, lo modificaron para que no se hiciera la licitación y el contratista fuera la concesionaria Ruta del Sol. ¿Yo intervine en esa modificación? No. De una vez, para que les quede claro.
Antes del tema de la adición, ¿asesoró a la concesionaria Ruta del Sol con algún otro asunto?
No recuerdo que antes hubiera sido abogado de la concesionaria. Después me contrataron, pues yo me hice experto en contratos de estabilidad jurídica.
¿Estamos hablando del contrato de 2012?
Sí. El Grupo Aval me había pedido que yo tramitara unos contratos de estabilidad relacionados con ellos. Yo tenía experiencia, en un momento en el que les estaban negando a las concesionarias los contratos de estabilidad y me contrataron (los de Ruta del Sol) para esos efectos. Después, por una averiguación que hizo esta Fiscalía, se estableció que detrás de ese contrato hubo un soborno de $4.000 millones.
(En septiembre de 2011, el Gobierno colombiano le había dicho a la concesionaria Ruta del Sol que no firmaría un contrato de esa naturaleza. Luego, al parecer por ese soborno y con la posible intermediación de Federico Gaviria y Otto Bula, hubo un “cambio de opinión”)
Recuérdenos cuál es el trabajo que ha hecho la Fiscalía para esclarecer ese soborno.
La Fiscalía estableció que ahí hubo un soborno. Nosotros lo hicimos público; aunque, aclaro, yo no soy el fiscal del caso. (El 4 de octubre del año pasado, la Fiscalía anunció que le imputaba cargos a Federico Gaviria por estos hechos y que le pidió a la Corte Suprema que indagara si el senador Antonio Guerra de la Espriella y el exsenador Bernardo “Ñoño” Elías habían estado involucrados).
¿Usted después llega al Ministerio de la Presidencia y desde esa posición participa en el Conpes que termina dando luz verde a la adición Ocaña-Gamarra?
Eso no es correcto. La adición ya tenía vida propia, fue aprobada en marzo de 2014, cuando yo no era servidor público. Y ya el contratista era la misma concesionaria Ruta del Sol. ¿Cómo lo hicieron o por qué? Eso no es problema mío, era lo que había, era el estado del arte jurídico; ya lo habían firmado. El Conpes se hizo exclusivamente para asignar unas vigencias futuras.
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De todas maneras, ¿no le parecía importante declararse impedido en esa discusión del Conpes?
Según la ley, uno se declara impedido cuando se trata del mismo objeto sobre el cual uno ha conceptuado. En el año 2012 yo había conceptuado sobre si se podía o no hacer la obra adicional. En el Conpes eso ya no se discutía, porque ya habían hecho la adición del contrato y ya lo había adjudicado la ANI, sin mi intervención. Ahora el señor (Luis Fernando) Andrade dice que él vio un concepto mío y que eso lo dejó muy tranquilo. Lo que lo debió dejar fue muy preocupado, porque yo decía que tenían que sacar a la licitación la obra y él no la sacó a licitación, la adjudicó directamente.
¿Gente del Grupo Aval lo ha buscado para hablar a propósito de la investigación de Odebrecht?
No. Lamentablemente, yo he tenido una amistad personal de muchos años allí que perdió su dinámica justamente por la existencia de estas
¿Se arrepiente de esas relaciones?
¿De que se haya desmotando? ¿De que ese sea el costo? Eso fue lo que asumí . Lo que ahora no se me puede cobrar, y la gente no les puede hacer el juego, es justamente a mis amigos o exclientes que hoy están indignados porque la Fiscalía ha tenido que imputarles y por eso hacen un trabajo sucio para desprestigiarme. Yo llamo la atención sobre eso.
¿Por eso habla de un conspirador? ¿Cree que este tema de las grabaciones tiene esa naturaleza?
Tengo certeza plena de que esto lo está moviendo una persona que tiene varias imputaciones criminales por parte de la Fiscalía General de la Nación.
¿Quién?
No lo voy a decir todavía.
¿En relación con Odebrecht?
No lo voy a decir todavía.
¿Cómo explica que ahora, como fiscal, se le relacione con tantos asuntos delicados de Odebrecht?
Es un infortunio que desde el punto de vista profesional yo haya tenido contacto con algunos de esos temas desde el ejercicio de mi profesión. Lo importante es demostrar que la Fiscalía ha actuado a través de sus fiscales autónomos e independientes y que el poder del fiscal no se ha atravesado en esas investigaciones.
Jorge Pizano falleció de muerte natural, dijo Medicina Legal, pero su hijo Alejandro murió envenenado. ¿Cómo le garantiza al país una investigación imparcial?
Así se lo he ofrecido a la familia: pondré a los mejores técnicos e investigadores de la Fiscalía. Vamos a ir a la escena de los hechos a hacer las pruebas técnicas y desde la Fiscalía daré todos los apoyos necesarios.
¿Usted sabe de investigaciones que esté realizando la justicia estadounidense en Colombia?
No. Se ha hablado esta semana en los periódicos de unas investigaciones sobre esto, pero no tengo información precisa.
¿Ha pensado en renunciar?
Cuando Macas (Pizano) fue la primera vez a mi despacho, dejó una relación de contratos por $24.000 millones, y esta Fiscalía encontró contratos falsos por más de $53.000 millones. Si una vez conocida la relación de contratos de Ruta del Sol se dijera que la Fiscalía no hizo nada, esa tendría que ser la decisión. Pero no fue así. Siempre le daré la cara al país, pero sí pido que se esclarezca el origen de esta conspiración. Para intentar decir que no se han movido las investigaciones (de Odebrecht) se ha apelado a la mentira. Sectores políticos como el del doctor Jorge Robledo han dicho que este no es un debate jurídico, sino político. Y a los fiscales y a los jueces no nos hacen debates políticos, sino en derecho.
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¿Acaso el senador Robledo podría estar detrás de lo que usted llama conspiración?
No, para nada. Él está haciendo un debate político. No está recaudando pruebas por su lado, no ha contratado investigadores y él, supongo, no ha ofrecido dinero por información reservada, que es lo que hacen los conspiradores.
¿Quién si no la Fiscalía para esclarecerlo?
Por eso les digo que me reservo el nombre, pero el país tiene que conocer la envergadura de la conspiración. y eso está vinculado explícitamente a personas que tienen imputación penal por delitos.
¿Se vienen más cosas grandes en el caso Odebrecht?
La respuesta es muy clara: no soy el investigador ni el fiscal de Odebrecht y, en la medida que vengan casos a mi despacho, me tengo que declarar impedido como lo hice en su momento.
Es difícil creer que usted no se entera de las decisiones que toman los fiscales en casos claves como este…
Las decisiones que se han venido publicando regularmente para conocimiento de la opinión pública. Me honra estar en una organización en donde los fiscales pueden llegar al fondo de las decisiones sin interferencia alguna que comprometa la justicia.
