La crisis de la Paz Total

No hay en las conductas de las organizaciones violentas el menor asomo de disposición de llegar a unos acuerdos por la paz.23 de mayo de 2023 Por: El País

Informes oficiales revelan que entre finales de 2016 y abril de 2023 se identificaron 919 menores de edad reclutados a la fuerza por organizaciones criminales en Colombia. | Foto: Archivo El País

La suspensión del cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’ era la decisión lógica luego de la masacre de cuatro menores en Putumayo. Lo sucedido pone de presente las inquietudes sobre la fragilidad de la política de Paz Total del actual gobierno, que ha pretendido incluir bajo la misma sombrilla a cualquier organización criminal y hacer concesiones sin las debidas garantías ni el compromiso decidido de quienes se benefician de ella.

Después del asesinato infame de los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas de la zona, que habían sido reclutados a la fuerza y fueron masacrados cuando pretendieron escapar, al Gobierno Nacional le correspondía ponerle fin al cese al fuego decretado el 31 de diciembre pasado con ese grupo disidente. No se entiende, sin embargo, que la decisión solo se aplique en cuatro departamentos del país y no en todas aquellas regiones donde hay presencia de la organización comandada por ‘Iván Mordisco’, más aún cuando la respuesta fue amenazar con desatar “la guerra” y “multiplicar los muertos, heridos y prisioneros”.

Lo ocurrido en Putumayo es otro ejemplo de la escasa voluntad que tienen los grupos insurgentes y las bandas del crimen organizado de abrir caminos al diálogo que conduzcan a ponerle fin al largo, y multifacético conflicto armado en Colombia. Al igual que las disidencias de las Farc-EP, el Clan del Golfo no ha parado sus acciones bélicas, ni mucho menos sus negocios ilícitos ligados al narcotráfico o a la minería ilegal, mientras continúan amedrentando a la población civil, atacando a la Fuerza Pública y recurriendo al terror para someter a las comunidades en sus áreas de influencia.

Mención aparte se merece la guerrilla del ELN, esa sí sentada oficialmente en la mesa de diálogo, que pese a ello persiste en sus ataques contra el país, así como en su discurso beligerante que no le hace el más mínimo bien al proceso. Los avances en esas conversaciones, si es que los hay, aún no se perciben ni hay indicios de que se llegue a buen puerto, como lo esperan los colombianos.

No hay en las conductas de las organizaciones violentas el menor asomo de disposición de llegar a unos acuerdos por la paz. Más bien pareciera que la laxitud, y lo que sin duda son buenas intenciones del presidente Petro, las usan los grupos al margen de la ley para ampliar su presencia en el territorio nacional e imponer su ley. Mientras tanto, del lado del Estado la sensación es la de un gobierno en extremo laxo, así como la de unas Fuerzas Armadas maniatadas, que no pueden cumplir con su deber y tienen la moral baja.

El anhelo de los colombianos es vivir en una nación en paz, donde se respeten la vida, la integridad y las libertades. En ese propósito poco ayuda ceder territorios o dejar de actuar con la contundencia que se espera del Estado frente a quienes ejercen la violencia. La paz total no se puede alcanzar a cualquier precio.