En Pueblo Rico, Risaralda, la Unidad de Victimas Presente en reunmiòn de Alerta

Frente a las recomendaciones realizadas por la Procuraduría a la Unidad para las Víctimas, la entidad continúa con la atención integral a las comunidades emberas, apuntando a mejorar la calidad de vida de los involucrados. 

Con el fin de hacer seguimiento a una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas hizo parte de la Reunión ordinaria de la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional en Pueblo Rico, Risaralda.

El acto fue encabezado por el Procurador Regional de Risaralda Sergio Reyes Blanco y la Defensora del Pueblo del departamento Elsa Gladis Cifuentes Aranzazu, en calidad de invitados el gobernador encargado Leonardo Ramírez, secretario de Gobierno Carlos Andrés Gil, el director de la Unidad para las Víctimas Freddy López Ramírez y entidades como la Unidad de Restitución de Tierras y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Y es que a través de la alerta temprana 043-18 de la Defensoría del Pueblo, entre otras particularidades se enuncian nueve recomendaciones para superar la difícil situación alimentaria, tierras insuficientes, problemas de salud, falta de atención integral y efectiva en el territorio a los jóvenes, circunstancias que según los líderes indígenas viene presentándose con las comunidades en inmediaciones entre Risaralda y Chocó.

“Hacer respetar los derechos humanos de las comunidades indígenas con la Constitución en la mano, trabajar con los pies en el territorio y entender el corazón de las víctimas, son tres de los aspectos fundamentales por los cuales se lleva a cabo este tipo de seguimiento, tenemos que velar porque las políticas sociales se cumplan a cabalidad, de acuerdo con la oferta institucional del Gobierno Nacional”, comentó Reyes Blanco.

Frente a las recomendaciones realizadas por la Procuraduría a la Unidad para las Víctimas, la entidad continúa con la atención integral a las comunidades emberas, apuntando a mejorar la calidad de vida de los involucrados.

“Desde la Unidad se ha venido cumpliendo con los aspectos de ayudas humanitarias en especie, algunos subsidios en dinero que la misma comunidad solicitó y ahora se está trabajando por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos en el censo de la comunidad indígena que está en Bogotá para un retorno efectivo, estamos dispuestos a continuar trabajando con ellos y cumplir los compromisos pactados”, expresó Freddy López, director territorial de la Unidad, frente al tema.

Por su parte la defensora del pueblo solicitó ante la Unidad una especial atención a la comunidad víctima de Pueblo Rico, quienes requieren de medidas psicosociales con el fin de tratar las huellas que les ha dejado el conflicto armado a partir de distintos hechos victimizantes, ojalá con enfoque diferencial para discapacitados, indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

“Pueblo Rico quiere la paz y lo hemos demostrado en varias ocasiones a través de la unión de los pueblos indígenas, pero eso no significa que no tengamos falencias en temas de salud, educación, alimentación, seguridad y vías de comunicación; tenemos que retomar la confianza y por eso estamos pidiendo el apoyo para tener un compromiso constante del Gobierno Nacional y local con formulación de proyectos productivos y capacitación”, expresó Raúl Nacavera gobernador indígena del resguardo Unificado Río San Juan.

Como conclusión de la jornada en la cual se escuchó de manera amplia a la comunidad, se llegaron a unos compromisos mediante los cuales las entidades gubernamentales esperan mejorar las condiciones de los emberas chamí y katios en las comunidades de Lloraudó, Opogodó, Alto Mumburudú, Santa Fe, Oscordó, Bachichí, Vichubara, Piedras, Pital, Dokabú y la cabecera corregimental de Santa Cecilia. En 6 meses se desarrollará una nueva reunión de seguimiento a lo estipulado.

Edwin Herrera Bartolo

Asesor de Comunicaciones

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