En Dosquebradas se realizan operativos de seguimiento y control a las fundaciones que ofrecen atención a personas con drogodependencia.

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·Este proceso tiene como propósito reducir la ilegalidad y los riesgos que genera la atención brindada bajo modelos que atentan contra la vida de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Dosquebradas, 27 de julio de 2021.

La Secretaría de Salud y Seguridad Social a través del programa Salud Mental, Convivencia Social y Drogas lideró un operativo de seguimiento a un establecimiento que ofertaba servicios de tratamiento especializado a personas consumidoras de sustancias psicoactivas, con el agravante de que dichos servicios también los ofertaban a las familias en contra de la voluntad de la persona enferma.

Por su parte, la titular del despacho de Salud, Bibiana Romero Olarte, indicó que durante la visita se pudo evidenciar que, de los 14 usuarios presentes en el momento, tres eran menores de edad, razón por la cual se activó la ruta de atención direccionando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, que realizó el seguimiento respectivo.

“Es importante resaltar que las labores realizadas por parte del grupo interdisciplinario de la Administración Municipal y las autoridades competentes tienen como principal objetivo generar oportunidades para que los centros de atención en drogodependencia brinden los mejores servicios a sus usuarios. Por lo que es necesario indicar que la modalidad de tratamiento involuntario, no es considerado como un tratamiento, sino como una situación que se configura como secuestro”, precisó la funcionaria.

Este operativo se realizó de manera articulada con la Secretaría de Salud del Departamento, la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas, la Personería Municipal, Policía Nacional y el programa de Medio Ambiente y Consumo de la dependencia de Salud municipal, con quienes se buscaron las mejores soluciones para no dejar a los usuarios desamparados.

“Se contactaron las familias de los usuarios y se les explicó cómo se debe activar la Ruta de Salud Mental, la cual inicia por consulta con médico general, quien es el encargado de ordenar los exámenes necesarios y remitir a psiquiatría. Posteriormente, en esta consulta se define el plan de manejo, es decir, el tratamiento que debe seguir el afectado, ya sea residencial o ambulatorio, y cada EAPB está en la obligación de contar con instituciones habilitadas prestadoras de servicios para tal fin”, explicó Bibiana Romero.

Al finalizar, la Secretaria de Salud manifestó que los cierres de estos establecimientos son necesarios para evitar la exposición a riesgos tanto para los usuarios como para los operadores, e hizo un llamado para que los representantes legales de estos sitios soliciten la asistencia técnica necesaria por parte de las autoridades competentes para lograr los procesos de habilitación necesarios, y así funcionar de manera legal y adecuada como es requerido por la Ley y desde las necesidades de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Datos de interés

·         La Secretaría de Salud y Seguridad Social a través del programa Medio Ambiente y Consumo, inspeccionó y vigiló el cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la cual reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población. Y quien además identificó que en dicho establecimiento se presentaba hacinamiento, condiciones sanitarias inadecuadas y no cumplían con el plan de emergencia respectivo.

·         El programa Convivencia Social, Salud Mental y Drogas realizó la respectiva verificación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, en donde encontró que este establecimiento no puede prestar servicios de tratamiento y rehabilitación, teniendo en cuenta que no cumplen con dicho registro.