Por décadas ha sido considerada como la gallina de los huevos de oro. Ahora parece estar severamente enferma.
La petrolera estatal venezolana PDVSA experimenta un franco declive en su producción, que ha caído a sus niveles más bajos en tres décadas hasta 1.137.000 barriles por día en noviembre de 2018, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicadas en diciembre y basadas en fuentes secundarias que la OPEP considera creíbles.
El dato contrasta claramente con los 3.120.000 barriles diarios de crudo que producía la empresa en 1998, el año previo a la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez.
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La caída de la producción de PDVSA no es una buena noticia para Venezuela, un país que obtiene del petróleo el 96% de las divisas con las que paga por la importación de muchos de los bienes que consume, incluyendo gran cantidad de alimentos.
La situación luce aún más grave cuando se considera que una parte de esa producción debe destinarse al mercado interno, y otra se envía a China y Rusiapara el pago de deudas.
Carlos Mendoza Potellá, economista y profesor universitario venezolano experto en petróleo, estima que al consumo interno le debe estar destinando unos 300.000 barriles, pero destaca que es difícil saberlo con precisión debido a la opacidad en la información oficial, una situación que también dificulta conocer cuánto reciben Pekín y Moscú.
Lo que sí se sabe es que el grueso de los ingresos que obtiene PDVSA por venta de petróleo procede de sus exportaciones a Estados Unidos. Estas pasaron de 1.700.000 barriles al día en 1998 a unos 610.000 barriles en 2017, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).
Aunque la EIA aún no ha publicado las cifras finales de 2018, expertos consultados por BBC Mundo calculan que hacia final del año pasado las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos se ubicaban en torno a los 500.000 barriles al día.
Esta caída de la producción de PDVSA se produjo pese a que durante los últimos 20 años la empresa ha anunciado numerosos planes para incrementarla, incluso hasta cinco millones de barriles al día.
Para complicar aún más las cosas, la estatal venezolana fue sancionada el pasado 28 de enero por el gobierno de Estados Unidos que congeló sus activos, incluyendo Citgo, una filial de PDVSA en ese país.
Las medidas fueron adoptadas por decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que permita la «restauración de la democracia en Venezuela».
Maduro inició el pasado 10 de enero un segundo mandato para el que fue escogido en unas elecciones que no fueron reconocidas por actores internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea.
El mandatario cuenta con el apoyo de grandes potencias como Rusia y China, así como de Turquía, Nicaragua, Cuba y Bolivia, entre otros.
La oposición acusa a Maduro de usurpar el poder y juramentó el pasado 23 de enero al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Juan Guaidó, como «presidente encargado» del país para que encabece un gobierno de transición y convoque nuevas elecciones.
Washington extendió rápidamente su reconocimiento a Guaidó, al igual que lo hicieron la mayor parte de los países de América Latina (agrupados en el Grupo de Lima), con la notable excepción de México.
Entonces, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras Rusia denunció la juramentación de Guaidó como un intento de golpe de Estado, respaldado por la Casa Blanca.
Las sanciones también afectan la venta de crudo de Venezuela a Estados Unidos pues el gobierno de Trump estableció que el dinero de esas operaciones será depositado en un fideicomiso que se pondrá a disposición de Guaidó o del próximo «gobierno legítimo» de Venezuela.
Se prevé que estas medidas afecten duramente a PDVSA, cuyo estado actual es -en palabras de Mendoza Potellá- «más que lamentable».
«Sus campos convencionales no han sido mantenidos y están en declive, su producción está cayendo, no tenemos los recursos para incentivar una mayor producción en la Faja», apunta.
Pero ¿cómo era la petrolera venezolana antes de la llegada al poder del chavismo?
«Una anomalía»
«PDVSA era considerada una anomalía porque era una compañía estatal bien administrada. Tenía metas ambiciosas y estaba internacionalizada«, le comenta a BBC Mundo Luis Pacheco, investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice (Houston, EE.UU.).
La estatal venezolana inició operaciones en enero de 1976, tras la nacionalización del petróleo, como un conglomerado que abarcaba las distintas empresas extranjeras estatizadas, cuyas estructuras se mantuvieron y se fueron fusionando de forma gradual en un proceso que solo a finales de 1997 terminó en la conformación de una única empresa.
Las nuevas compañías mantuvieron las mismas formas de operación interna, así como los sistemas de balance y control, lo que llevó a que -aunque la gran mayoría del personal, en todos los niveles, era venezolano- PDVSA operara con los estándares y las prácticas de las grandes transnacionales del petróleo.
Sus empleados obtenían salarios competitivos en relación con los mejores del país y eran sujetos a exigentes procesos de evaluación para poder ascender en la escala jerárquica, conformando un sistema que ellos mismos denominaban con orgullo y cierta pretensión «meritocracia».
En términos financieros, el Estado permitió que PDVSA conservara sus ganancias netas después de impuestos para financiar sus inversiones, así como un 10% de su ingreso bruto anual para financiar sus gastos.
En los años siguientes a la nacionalización, la petrolera venezolana se internacionalizó adquiriendo refinerías en Alemania, Reino Unido, Suecia, Bélgica.
Luego compró Citgo, primero un 50% de las acciones y años más tarde el resto, mejorando cada vez su posición en el mercado estadounidense.
«PDVSA terminó teniendo 8 grandes refinerías en Estados Unidos con participación en oleoductos que atravesaban ese país, 36 terminales y 15.750 estaciones de gasolina abanderadas con la marca Citgo», comenta el economista José Toro Hardy, quien fue uno de los directores de PDVSA hasta que llegó al poder Hugo Chávez.
«Eso nos permitió controlar un 10% del mercado de gasolina más grande del mundo. Éramos capaces de llevar el petróleo venezolano desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automóviles en Estados Unidos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas: pozos, oleoductos, refinerías, tanqueros, terminales y estaciones de servicio. Todo era venezolano», agrega.
Toro Hardy explica que estas compras obedecían a que, tras la nacionalización del petróleo, Venezuela no contaba con suficientes refinerías capaces de procesar su crudo que tiene una gran carga de azufre y muchos residuos metálicos.
«PDVSA decidió buscar sus propios mercados mediante la adquisición de refinerías. Pudo hacerlo en condiciones razonables porque muchas de estas instalaciones en el mundo se habían quedado sin crudo que procesar por los conflictos en Medio Oriente», le dice a BBC Mundo.
Para 1998, la compañía estatal estaba inmersa en un proceso conocido como la «apertura petrolera», mediante el cual buscaba aumentar la producción hasta los cinco millones de barriles diarios a través de un esquema de ganancias compartidas con compañías privadas.
La sombra de la nacionalización
La PDVSA previa a la llegada del chavismo al poder también era objeto de fuertes críticas.
«Existía una brecha de comunicación entre el país político y la gerencia de PDVSA, y también otra entre la empresa y la sociedad civil», apunta Pacheco, quien fue director de Planificación Estratégica de PDVSA hasta 2003, cuando fue despedido en el marco de la huelga petrolera contra el gobierno de Chávez.
El hecho de que PDVSA fuera una empresa de propiedad estatal pero que operara en muchos sentidos como una compañía privada generaba mucho recelo.
«En esa situación hay una tensión natural pues el Estado quiere recursos y la empresa necesita invertirlos. La situación se agrava cuando hay un contexto de precios bajos pues el dinero es más escaso», señala el experto.
Mendoza Potellá critica duramente a aquella PDVSA tanto por su forma de funcionar como por sus proyectos de internacionalización.
«Ellos tenían la noción de que PDVSA tenía que convertirse en una empresa del primer mundo, pero que lamentablemente estaba en un país del tercer mundo. Actuaban como si fuera una empresa privada que le discutía al Estado la propiedad de la renta. Los dólares de PDVSA son de la nación y es ella la que decide si reinvierte en petróleo o construye carreteras o cualquier otra cosa. No puede ser PDVSA la que decida comprar una refinería en Alemania o en EE.UU.», le dice a BBC Mundo.
Otra fuente de fricción entre la empresa estatal y la sociedad civil se derivaba de lo que Pacheco llama «la cultura del enclave».
Esto tiene que ver con el hecho de que la explotación petrolera se realizaba en campos cerrados -una herencia de las transnacionales- en los que vivían y trabajaban sus empleados con un nivel de vida superior al de las comunidades locales.
Pacheco indica que esa circunstancia causó una percepción de privilegio, que luego fue utilizada políticamente por Chávez.
«Eso no era culpa de PDVSA porque las regalías se iban al Estado central y la empresa solo tenía para ayudar los recursos que dedicaba a labor social», señala.
Del pozo al foso
Cuando Chávez llegó al poder en 1999 empezaron a surgir fricciones entre él y la gerencia de la empresa que llevaron a un gran choque en 2002.
En febrero de ese año, el mandatario nombró como presidente de la empresa a Gastón Parra, un economista de izquierda especializado en petróleo, pero que era visto como un outsider.
La gerencia protestó también por el nombramiento de otros directivos que consideraban que habían sido designados no por sus méritos sino por sus simpatías con el gobierno.
El 7 de abril, en una de sus apariciones en televisión, Chávez despidió a siete altos funcionarios de PDVSA y haciendo sonar un silbato dijo que estaban «off side» (fuera de juego).
Además amenazó al resto de gerentes. «Alerto a la llamada nómina mayor, yo no tengo problema en rasparlos (despedirlos) a toditos», dijo.
En reacción, los trabajadores de PDVSA organizaron varias movilizaciones, incluyendo la del 11 de abril de ese año que culminó con un breve derrocamiento de Chávez que duró menos de 48 horas.
Chávez y PDVSA volverían a chocar en diciembre de ese año, cuando la mayoría de los trabajadores de la empresa participaron en un paro que se extendió hasta enero de 2003 y que terminó con el despido de unos 20.000 de los 35.000 empleados que tenía la compañía.
Estos episodios traerían consecuencias duraderas y serían una de las causas de la caída de la producción, la cual desde entonces nunca volvió a alcanzar los tres millones de barriles.
Pacheco señala que el efecto de esa caída de la producción de PDVSA no se notó debido a que en esa época empezaron a dar fruto las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco (con empresas extranjeras) que compensaron la pérdida de producción de la petrolera venezolana.
Otras medidas que contribuyeron al declive de PDVSA, según el experto, fueron la nacionalización de empresas contratistas y de servicios, así como la politización de la empresa.
«PDVSA se convirtió en una constructora de casas, en repartidora de alimentos, en un instrumento de la política del gobierno y perdió su norte que es explotar el recurso y sacarle el mejor provecho», afirma Pacheco y destaca que, gracias al auge en los precios del petróleo que se vivió hasta 2014, los efectos negativos de estas medidas no eran evidentes para la población.
Los recursos de PDVSA también fueron destinados a la llamada «petrodiplomacia», mediante la cual el gobierno de Chávez usó los recursos del petróleo para forjar alianzas vendiendo petróleo en condiciones preferenciales o haciendo proyectos conjuntos con numerosos países de la región.
Mendoza Potellá lamenta que se hayan destinado muchos recursos a programas sociales en los cuales «lo que llega a la sociedad es muy poco y lo que se queda en manos de los corruptos que hacen los negocios es mucho».
«Aquí la corrupción es mucho mayor que en otros tiempos. Eso lo reconoce todo el mundo, hasta el propio gobierno. Hay varios presidentes, vicepresidentes y como 50 exgerentes de PDVSA que están presos, aunque aún no han sido condenados, por presuntos hechos de corrupción», afirma.
En enero de 2018, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que solicitaría a Interpol la detención del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, por los delitos de peculado doloso (enriquecimiento ilícito) y legitimación de capitales.
Ramírez, quien rechaza estas acusaciones, fue durante el gobierno de Hugo Chávez ministro de Petróleo por 12 años y presidente de PDVSA por 10 años. Su frase «PDVSA es roja rojita», en alusión al compromiso de la empresa con el proyecto político socialista de Chávez, quedó incorporada al léxico popular de los venezolanos para identificar a los afectos al chavismo.
BBC NEWS MUNDO