El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, envió una carta oficial al FBI y a la DEA en julio, denunciando un evento público celebrado el 21 de junio en la ciudad, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con reconocidos cabecillas de bandas criminales. La misiva, revelada recientemente, advierte sobre una posible afectación institucional y riesgos de seguridad transnacional, al considerar que el acto legitimó a estructuras delictivas bajo el discurso de paz urbana.
El evento, denominado “Un pacto por la Paz Urbana de Medellín”, incluyó la presencia de líderes de organizaciones criminales con antecedentes por homicidio, narcotráfico y otros delitos graves. Gutiérrez sostiene que la exposición pública de estos individuos como voceros de paz representa una revictimización para quienes han sufrido por sus acciones, además de enviar un mensaje confuso sobre la política de seguridad del Gobierno.
Entre los asistentes estuvieron figuras incluidas en listas internacionales de sanciones, como alias “Tom” y alias “Pesebre”, cuya salida de prisión habría ocurrido sin autorización judicial. El alcalde cuestiona el papel de actores políticos en estas decisiones, insinuando una posible interferencia institucional que podría vulnerar el sistema judicial colombiano.
La carta también subraya el impacto internacional del encuentro, al considerar que la presencia de estos criminales en un acto oficial podría ser interpretada como una señal de permisividad frente al crimen organizado. Por ello, Gutiérrez solicitó a las agencias estadounidenses evaluar las implicaciones de este hecho en el contexto de cooperación bilateral en seguridad.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Gobierno nacional y autoridades locales, especialmente en Medellín, donde el enfoque de Petro hacia el diálogo con estructuras armadas ha generado controversia. La denuncia ante organismos internacionales marca un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del proceso de paz urbana y la legitimidad de sus interlocutores.
🟦 Versión en inglés:
Fico Gutiérrez alerts FBI and DEA over Petro’s meeting with drug lords
Medellín mayor Federico “Fico” Gutiérrez sent an official letter to the FBI and DEA last July, denouncing a public event held on June 21 where President Gustavo Petro shared a stage with known leaders of criminal gangs. The letter, recently disclosed, warns of institutional harm and transnational security risks, arguing that the event legitimized criminal structures under the banner of urban peace.
The gathering, titled “A Pact for Urban Peace in Medellín,” featured individuals with records of homicide, drug trafficking, and other serious crimes. Gutiérrez claims that presenting these figures as peace advocates re-victimizes those affected by their actions and sends a confusing message about the government’s security policy.
Among the attendees were individuals listed on international sanctions lists, such as alias “Tom” and alias “Pesebre,” whose release from prison allegedly occurred without judicial authorization. The mayor questions the role of political actors in these decisions, suggesting possible institutional interference that could undermine Colombia’s judicial system.
The letter also highlights the international impact of the event, suggesting that the presence of these criminals at an official ceremony could be seen as tolerance toward organized crime. Gutiérrez urged U.S. agencies to assess the implications within the framework of bilateral security cooperation.
This episode adds to ongoing tensions between the national government and local authorities, especially in Medellín, where Petro’s approach to dialogue with armed groups has sparked controversy. The complaint to international agencies marks a new chapter in the debate over the boundaries of urban peace efforts and the legitimacy of its participants.




