OJO CONTRA LA CORRUPCION QUE NO TERMINA EN COLOMBIA.

El Tribunal de Cundinamarca le ordenó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) que garantice la publicación de las declaraciones de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y el impuesto sobre la renta y complementarios de altos funcionarios del Gobierno nacional que han incumplido esta obligación contemplada en la Ley 2013 del 2019 o Ley de Transparencia y Publicidad. El demandante es la ONG Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia), que solicitó a la justicia verificar el incumplimiento de los ministros Martha Carvajalino, de Agricultura; Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud, y Yesenia Olaya, de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es una ley que obliga a todos los altos funcionarios (presidente de la República, ministros, presidentes de entidades, superintendentes, directores, gerentes, alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho) y servidores públicos (senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales). También lo deben hacer magistrados de las altas cortes, de los tribunales, de la JEP, del Consejo Nacional Electoral.

Igualmente la fiscal general de la Nación y todos los fiscales; jueces de la República; procurador general de la Nación; auditora general de la República; defensora del Pueblo; contralor general de la República; registrador nacional; gerente general del Banco de la República; directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y sus consejos directivos; rectores de universidades públicas; embajadores y cónsules de Colombia en el exterior; personas naturales y jurídicas que presten servicios en lo público y contratistas.