Colombia Pendiente de la Suerte del Fiscal General de la Naciòn

Los 11 millones de dólares de los que habló inicialmente el Departamento de Justicia, en 2016, ya iban en 32 millones de dólares. Y la Fiscalía había logrado poner tras las rejas a 14 pesos pesados, como los exsenadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Otto Bula; el exviceministro de Transporte Gabriel García; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (socia de Odebrecht en la Ruta del Sol), y Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos Presidente.

Pero Pizano estaba convencido de que aún faltaban por rastrear al menos 24.000 millones de pesos de contratos sospechosos de los que Odebrecht no le habló ni al FBI ni a la Fiscalía, con la que insiste en firmar un principio de oportunidad que libre de cargos a sus ejecutivos.

El ‘controller’ los detalló en varios informes que le pasó a la Concesionaria Ruta del Sol desde 2015, a José Elías Melo y al hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su amigo y entonces abogado de Corficolombiana.

Así lo prueban varios audios que hizo de las reuniones con Martínez, en las que entregó nombres de implicados y cifras, aunque no tenía certeza de que se tratara de sobornos.

La información fue tan precisa, que varias de esas conversaciones, reveladas por Noticias Uno y El Espectador tras la muerte del ingeniero (que padecía de un cáncer linfático), pusieron esta semana a dar explicaciones al Fiscal General en torno a una eventual omisión de denuncia.

En los audios se escucha a Pizano y a Martínez barajar hipótesis que iban desde el pago de coimas a gobiernos hasta giros a paramilitares.

De hecho, la Fiscalía abrió, desde hace 16 meses, una nueva línea de investigación para establecer si ese dinero quedó en manos de poderosos políticos de regiones donde Odebrecht tenía intereses.

Ante el convencimiento de que sus informes habían sido sepultados, Pizano dedicó sus últimos meses de vida a contactar a periodistas y a agentes del FBI para revelarles sus hallazgos.

Y estaba listo a jugársela en su rol de testigo de la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestrctura (ANI), Luis Fernando Andrade (quien también dice que solo se conoce un 25 por ciento de los sobornos), y en el de Melo. En audios, documentos y correos, a los que EL TIEMPO tuvo acceso, consta que Pizano fue el primero en descubrir que Eder Ferracuti, el brasileño presidente de la concesionaria, se reunía con el siniestro Otto Bula, quien después terminó confesando cómo repartió los sobornos.

El hombre de la ANI

Documentó, además, reuniones con el empresario Federico Gaviria, el encargado de la repartija de coimas al grupo de ‘los buldóceres’, seis congresistas que habrían presionado decisiones a favor de Odebrecht.

Además, Pizano tenía bajo la lupa a empresas que habrían recibido giros millonarios sin aparente justificación: Presoam S. A. S., la Concesionaria Torrosa y las firmas RGQ Logistic, Desimpro S. A., Consultores Unidos y Profesionales de Bolsa, entre otras.

Y si bien las dos últimas aparecieron en el expediente, de las indagaciones sobre las otras el ‘controller’ no tenía noticia.

En el caso de Presoam, Pizano estaba aterrado de que la empresa, creada con un millón de pesos en 2010, bajo el nombre de Sky Blessed S. A. S., para confeccionar ropa, hubiera cambiado su objeto social cuatro años después y facturara 11.900 millones de pesos con la Ruta del Sol II, en estudios para la compra de predios.

Además, descubrió que Édgar Chacón Hartmann, exgerente predial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tenía nexos con esa empresa. Y sospechaba que involucrados en la compra de predios para la vía, robaron al Estado inflando sus precios. Así lo dijo en las conversaciones con Martínez.

EL TIEMPO estableció que, en efecto, una persona de nombre Édgar Alfonso Chacón Lozano aparece como accionista único de Presoam. Además, que Hugo Chacón Carreño, supuesto hijo del funcionario de la ANI, fue gerente administrativo.

Además, el Humberto Sánchez Verano que firmó los contratos, se encargó de cambiar el nombre a la firma y de pasarla del reglón de la confección de ropa al de la consultoría predial.

“Cuando estalló el escándalo, Chacón Hartmman salió de la ANI. Pero meses después lo contrataron como asesor externo. En julio de 2017, la Fiscalía inspeccionó a Presoam y el exfuncionario fue citado a versión”, dijo un investigador.

Y aseguró que ahora se indaga si los giros están relacionados con el hecho de que la ANI accediera a firmar los otrosíes 7 y 9 que, entre otras cosas, contemplaron que a la concesión ya no se le pagara por hitos (obras ejecutadas) y se mejoraran las condiciones del contrato. El exministro García Morales y Eduardo Zambrano, de Consultores Unidos, ya accedieron a hablar de cómo los brasileños obtuvieron esas gabelas y uno ya mencionó a Presoam.

Hace 14 meses, la Fiscalía también ordenó realizar una inspección a la Concesionaria Torrosa, que aparece en los reportes de Pizano de 2015 recibiendo 9.300 millones de pesos de la Ruta del Sol II por la ejecución de estructuras y drenajes del tramo 7.

COLPRENSA